El recién creado Grupo de Tareas Especial en la Fiscalía, ahora asumirá casos relacionados con la protesta social; incluso se encargará de adelantar todas las investigaciones que estaban en curso, algunas en juicio por hechos de terrorismo.
La decisión es de la propia fiscal Luz Adriana Camargo quien, a través de una resolución, tomó la determinación de remitir o trasladar los expedientes que cursan por hechos que, a criterio de los fiscales a cargo de los procesos, están relacionados con terrorismo y no con protesta social.
La Resolución 171 fue firmada por la fiscal Camargo hace un mes y allí se advierte que es necesario trasladar esos expedientes a ese grupo de protesta social, a pesar de que diferentes autoridades y la propia Fiscalía advertían que los hechos investigados son o están vinculados con actividades de terrorismo y no de manifestación social.
Para expertos penalistas, resulta un grave golpe no solo la autonomía de los fiscales que tenían a su cargo los expedientes y que avanzaban en la posibilidad de condenar a los responsables de ataques terroristas en contra de la población civil y de la Fuerza Pública en Bogotá, sino que amplía las garantías para quienes se esconden en la protesta social para delinquir.
Esta resolución se suma a una decena de documentos que, dicho por los fiscales, ha convertido el ente acusador en una notaría de actuaciones que no tiene ningún resultado operativo y que incluso ha frenado la actividad investigativa en procesos de relevancia, en casos que estaban prácticamente resueltos.
“La variación de asignación de una actuación penal hacia fiscales vinculados al grupo de tareas especiales, constituye una medida funcionalmente admisible cuando la naturaleza de los hechos, la complejidad de la investigación o la necesidad de aplicar un enfoque especializado justifican que conocimiento sea asumido por servidores, con dedicación y criterios de actuación ajustados al fenómeno investigado”, señala la resolución.
La Fiscalía advirtió que la resolución se complementa con otra anterior en la que se advierte que ese Grupo de Tareas Especiales se encargará de revisar los casos para establecer garantías procesales y llegar a los verdaderos responsables de los hechos que son materia de investigación, así como la posibilidad de una justicia restaurativa.
Advierten que en el curso de esas investigaciones se hacían señalamientos en conjunto y no de manera individualizada, lo que en el curso del proceso y las audiencias generaba problemas a las solicitudes que hacía el mismo ente acusador a los jueces de conocimiento; de ahí la necesidad de hacer una revisión de esos procesos.
Un expediente que tiene a 11 personas en juicio por hechos de terrorismo en Bogotá se convirtió en el punto de partida para el análisis de ese Grupo de Tareas Especiales en los casos que advierten hechos de terrorismo en la capital del país.
“Tiene atribuida la función legal de asignar a los fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera, y de asignar y desplazar libremente a sus servidores en la investigación del proceso”, señaló la fiscal que tenía ese proceso y tuvo que entregar el expediente.
Ese seguramente será un reclamo de las autoridades distritales por el esfuerzo que significó hacer la investigación, capturarlos y llevarlos a juicio.