El Consejo de Estado salvó las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que creó el Gobierno Petro para la ubicación del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, con el fin de avanzar en la mesa de negociación con esa estructura armada ilegal.
Este proceso inició cuando el abogado Mauricio Pava, quien defendió los intereses del presidente Petro, demandó junto a la fundación Dilo Colombia la resolución que expidió el Gobierno el 22 de diciembre de 2025 para establecer las ZUT en medio de las conversaciones sociojurídicas adelantadas con ese grupo ilegal.
Además de la demanda, Pava solicitó una medida cautelar para anular provisionalmente los efectos jurídicos de dicha resolución, argumentando que el presidente Petro podría establecer únicamente ZUT en el marco de negociaciones, si el Congreso de la República hubiese expedido previamente una ley de sometimiento a la justicia.
La falta de esa ley, según el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, se ha convertido en la primera traba para que el Gobierno le dé viabilidad a su ambiciosa propuesta de la Paz Total, que hasta el momento ha dejado más críticas y cuestionamientos que resultados reales.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) July 4, 2026
El apoderado del presidente se opuso a esa solicitud de suspensión provisional del acto administrativo, asegurando que la petición no cumplía con los criterios de apariencia del buen derecho, representaba un riesgo de daño grave o inminente y no cumplía con la carga argumentativa para solicitar esa medida.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó: “Para los efectos del análisis cautelar, no se evidencia la infracción normativa alegada por la parte actora. En efecto, el condicionamiento introducido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023 se estableció en relación con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), dentro del marco de procesos orientados a su sometimiento a la justicia y respecto de los cuales la propia Corte exigió el desarrollo de una ley de sometimiento expedida por el Congreso”.
Pero el Gobierno Petro utilizó con el Clan del Golfo la figura de grupo armado organizado (GAO), por lo que quedaría por fuera esa figura del Congreso, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional estableció ese parámetro para las EAOCAI.