La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan David Pineda Vargas, señalado de integrar el Clan del Golfo y de desempeñarse como uno de los presuntos cabecillas urbanos de esa organización criminal en el Bajo Cauca antioqueño, donde habría coordinado homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con la investigación, el procesado habría ingresado a la estructura armada como sicario en 2024 y, meses después, fue designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar asesinatos, secuestros, cobros extorsivos, tráfico de estupefacientes, extracción ilegal de minerales y la recopilación de información sobre los movimientos de la Fuerza Pública en municipios como Zaragoza y El Bagre.
Uno de los hechos que sustentan el proceso ocurrió el 5 de agosto de 2024, cuando, presuntamente, Pineda Vargas hizo parte de un grupo armado que llegó hasta una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en el municipio de El Bagre, donde retuvo contra su voluntad a un hombre señalado de pertenecer a una organización rival.
Según la Fiscalía, la víctima fue trasladada hasta un sector conocido como La Arenosa, donde permaneció amarrada de manos mientras era golpeada para obligarla a entregar información sobre el grupo ilegal al que supuestamente pertenecía.
Al no obtener respuestas, los agresores la llevaron a otro lugar y la asesinaron con arma de fuego cuando se encontraba completamente indefensa. El cuerpo fue encontrado un día después.
La investigación también reveló un detalle que llamó la atención de las autoridades: el hoy judicializado habría tomado fotografías del cuerpo de la víctima para enviarlas a sus superiores como prueba de la ejecución del crimen.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Aunque Pineda Vargas no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.