El nombre de Hernán Darío Estrada Correa no dice mucho en Colombia. Toda su vida se ha escondido detrás de Satanás, el alias que le impuso el profesor de básica primaria por las travesuras que hizo en el salón, sin pensar que años después sería la carta de presentación de uno de los asesinos más temidos de Colombia. Él buscó a SEMANA para revelar sus crímenes, pedir perdón y solicitar pista en la Fiscalía para que sean investigados alcaldes, empresarios y comerciantes relacionados, aparentemente, con su entramado ilegal.
Satanás cumple una larga condena en una celda de seis metros cuadrados, bajo temperaturas máximas, en la cárcel La Tramacúa de Valledupar por los delitos que cometió como comandante del Clan del Golfo en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander, donde lideró a más de 120 personas en armas. Comparte espacio con los homicidas, extorsionistas y violadores más conocidos del país. Sus días transcurren escribiendo derechos de petición a la Rama Judicial y pensando en proyectos productivos para distraer la mente del encierro.
Aunque la Fiscalía lo ha procesado por siete asesinatos que cometió, el hombre tiene una lista de más de 200 personas a las que les quitó la vida con su pistola. Sin embargo, cuando se apagó la cámara, habló de más de 300 homicidios. La mayoría de sus víctimas fueron integrantes de grupos armados ilegales que salieron de la región del Catatumbo con el fin de tomarse el Magdalena Medio y sus balas sirvieron como contención; otro número importante de los asesinados correspondió a jóvenes que fueron acusados por las comunidades de ladrones y marihuaneros, solo por simple sospecha.
“Siempre me acuerdo de las miradas de las personas, la mirada de impotencia de la persona que no puede correr; ya el cuerpo no le da porque los impactos no lo dejan moverse. Les pido disculpas a la sociedad, a las familias. (Quiero) contar la verdad de por qué se hizo y por qué lo hice, poner la cara ante la sociedad y pagar lo que hice”, dijo Satanás.
Una de sus víctimas fue un líder social del municipio de Puerto Wilches, Santander, que puso resistencia a un contrato de Ecopetrol. Su versión es que José Elías Muñoz Pérez, actual mandatario de esa población, ordenó darlo de baja para proteger sus supuestos intereses a cambio de una alta suma de dinero que llegó al Estado Mayor del Clan del Golfo. Al parecer, él tiene pruebas que sustentan esta tesis y la Fiscalía no lo habría escuchado.
“José Elías mandó una plata buena para coordinar la situación de la muerte de un líder social, de un contrato que era de Ecopetrol, y se necesitaba quitar a ese señor del medio y se hizo esa operación. Él es financiador y auspiciador de la organización de este frente donde yo trabajaba”, comentó el delincuente.