El escándalo que dejó a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en un enredo judicial con los cabecillas del Clan del Golfo está a punto de llegar a los escenarios internacionales, en medio del empalme que se adelantará con el gobierno electo de Abelardo De La Espriella.
El propio presidente electo instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como coordinador del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a estos graves hechos que se conocieron en Colombia.
“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa”, sentenció De La Espriella.
Por eso, le solicitó a su vicepresidente que evalúe integralmente toda la información disponible y promueva la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes por estos hechos.
He instruido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su calidad de director del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a los graves hechos conocidos por el país. En Colombia nadie… pic.twitter.com/uJWWCulbIH
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026
De La Espriella también entregó indicaciones claras para incluir dentro de este análisis al ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, uno de los directamente implicados en las denuncias, con el fin de determinar si existen fundamentos jurídicos para promover las acciones legales correspondientes.
También le pidió a Restrepo que remita esta información, a través de los canales institucionales y diplomáticos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “para su conocimiento y evaluación”, en los aspectos que puedan involucrar conductas de interés en su ámbito de competencia.
Finalmente, le solicitó evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano.
“El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”, señaló.