La vergüenza de la corrupción sacudió a la alcaldía de Popayán, luego de la captura de una funcionaria que, al parecer, se incorporó a una cadena corrupta con un grupo de contratistas de la capital del Cauca. La Fiscalía la capturó y presentó ante un juez con la evidencia de su participación criminal.
Lo que está en el expediente de un fiscal contra la corrupción, advierte que la funcionaria, ahora judicializada, filtró información privilegiada a los contratistas para dejarlos en ventaja respecto del resto de competidores en una secuencia de contratos que sumaban más de 6.400 millones de pesos.
La funcionaria de la Secretaría de Educación de Popayán en Cauca, fue identificada como Fanny Amparo Dorado Dorado y los contratistas Julián Armando Piñafiel Salazar, José Fernando Ordóñez Martínez, Rocío del Pilar Palacios Rubiano y Karen Dayán Garzón Gómez, todos imputados por delitos contra la administración pública.
“La señora Dorado Dorado hacía parte de la Dirección de Calidad de la Secretaría de Educación y tenía a su cargo la formulación, estructuración, supervisión y liquidación de proyectos. En ese sentido, manejaba información reservada sobre las condiciones técnicas y financieras exigidas en los procesos contractuales que se realizaban en el sector”, señaló la Fiscalía luego de la imputación de cargos.
Lo que quedó claro, para la Fiscalía, es que la funcionaria, a cambio de dinero, entregó la información que era de su conocimiento, reservada, para garantizar a los contratistas, adelantarse en la licitación y quedarse con los millonarios contratos. Las denuncias se hicieron y la investigación se completó.
“En el curso de la investigación se conoció que, a cambio de dinero, la funcionaria habría entregado de manera privilegiada a los contratistas hoy vinculados detalles sobre los requisitos exigidos en las licitaciones para que ajustaran sus propuestas, presentaran los documentos requeridos y se quedaran con contratos que superaban en valor los 6.481 millones de pesos”, explicó el ente acusador.
Todos los capturados, entre ellos la funcionaria de la alcaldía de Popayán, fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Al final, la Fiscalía insistió en una medida de aseguramiento que el juez aceptó.
Los contratos investigados se ejecutaron entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, y tenían el siguiente propósito:
- Adquisición de insumos, y elementos de bioseguridad y protección personal durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Su ejecución fue de un mes y tuvo siete modificaciones para alcanzar un valor total de 1.329 millones de pesos.
- Suministro de calzado y vestuario para la vigencia 2021, para el personal de la Secretaría de Educación de Popayán, por valor de 532 millones de pesos.
- Suministro de calzado y vestuario para las vigencias 2017 y 2020, por un costo de 714 millones de pesos.
- Adquisición de mobiliario (pupitres y sillas) para las instituciones educativas de Popayán por 2.722 millones, valor que incluye varias adiciones presupuestales.
- Dotación de uniformes para la vigencia 2022, para funcionarios de la administración municipal, por valor de 31 millones.
- Dotación de calzado y vestuario para personal de la Secretaria de Educación de Popayán vigencia 2022, por 580 millones.
- Compra de electrodomésticos y menaje para los restaurantes de colegios priorizados, por valor de 573 millones.