Home

Nación

Artículo

El jueves definirían si envían a la cárcel a alcaldesa de Socorro, Santander/Foto: Alcaldía de Socorro | Foto: Foto: Alcaldía de Socorro

NACIÓN

El jueves definirían si envían a la cárcel a alcaldesa de El Socorro, Santander

A la mandataria local, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, la Fiscalía le imputó cargos por posibles anomalías en un contrato.

16 de junio de 2020

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la alcaldesa de El Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Por lo tanto, de acuerdo con la Fiscalía, el próximo jueves 18 de junio a las 2:30 p. m. se realizará la audiencia de medida de aseguramiento, donde se definirá si la mandataria local es enviada a la cárcel.

La investigación relaciona a Porras con presuntas irregularidades en el convenio de asociación N.º 20030103 suscrito el pasado 27 de marzo entre la Alcaldía de El Socorro y la Corporación Rayos de Esperanza, por un monto de $125.756.280, con el objeto de brindar apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, con un plazo de ejecución de 39 días.

Según lo establecido por la Fiscalía, la mandataria local presuntamente tramitó el contrato sin advertir los requisitos legales esenciales para esa etapa precontractual, pues la corporación no tenía experiencia e idoneidad para ejecutar el convenio, de acuerdo con lo exigido en los estudios previos.

En la investigación, el ente acusador también evidenció que la Corporación Rayos de Esperanza se inscribió en la Cámara de Comercio el 3 de marzo, entró en funcionamiento el 25 de marzo y el 27 del mismo mes suscribió el contrato con la Alcaldía.

“Esta judicialización forma parte de las anunciadas el pasado 21 de mayo por fiscal general Francisco Barbosa Delgado, como uno de los líderes del bloque anticorrupción conformado además por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por la covid-19”, concluyó la Fiscalía.