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Entre lágrimas, Claudia López reconoció su responsabilidad por 14 muertos en manifestaciones

Entre lágrimas, la mandataria local pidió perdón a las víctimas y les solicitó al comandante de la Policía de Bogotá y al presidente Iván Duque que reconozcan lo sucedido en la capital del país el 9 y 11 de septiembre.


Este lunes fueron entregados los resultados de la relatoría que pidió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que fue apoyada por las Naciones Unidas y el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, sobre lo ocurrido en la capital del país en las manifestaciones de 2020 cuando la ciudadanía se volcó a las calles después de la muerte del abogado Javier Ordóñez.

La relatoría concluyó que lo ocurrido en Bogotá fue una ‘masacre policial’, en la que los uniformados se ensañaron contra la gente más pobre de la ciudad y en ese contexto de violencia se documentaron 14 muertes, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación.

Ante lo sucedido, la alcaldesa Claudia López aceptó su responsabilidad tanto personal e institucional en lo ocurrido hace un año y entre lágrimas les pidió perdón a las víctimas.

“El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado, es profundo, pero no es comparable con el dolor que sienten las víctimas y familiares de esta tragedia, a quienes una vez más ofrezco perdón como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, dijo López.

La mandataria agregó que “asumo la responsabilidad que me compete. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”.

Así mismo, la alcaldesa López les solicitó al comandante de la Policía de Bogotá y al presidente Iván Duque que reconozcan lo sucedido en la capital del país el 9 y 11 de septiembre.

La mandataria espera que “reconozcan que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio del uso ilegítimo, inconstitucional de las armas de la Policía Nacional”.

El informe de la relatoría advierte que “los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha”, dice el informe.

La relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, once habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por agentes de la Policía.

El informe advierte además que durante el 9 y 10 de septiembre se presentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Agrega la relatoría que dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la Policía. Asimismo, dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos).

Por otro lado, la relatoría también reconoce que durante las jornadas de protesta del 9 y el 10 de septiembre se presentaron ataques serios contra la integridad personal de miembros de la Policía que prestaban sus servicios en la contención de las manifestaciones. No obstante, se indica que los ataques no se produjeron al unísono por todos los manifestantes, sino por algunos sectores violentos de la protesta.

Ahora, frente a la estigmatización que recibieron los ciudadanos que se volcaron a las calles a manifestarse, la relatoría indicó que se “pudo establecer que pronunciamientos públicos realizados por altos funcionarios del Estado en los que afirmaron que los ataques contra la Policía y su infraestructura durante las jornadas de protesta del 9 y el 10 de septiembre obedecieron a un plan preconcebido y sistemático para atacar la institución no cuentan con asidero en una investigación criminal, como lo aseguraron en diferentes escenarios”.

Así las cosas, señaló la relatoría, “lo anterior constituye un grave caso de estigmatización de la protesta social con hondos efectos en las garantías de no repetición”.

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