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Comando de Policia ESMAD Policia Nacional en Bogota Mayo 26 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

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El duro informe que pone contra las cuerdas a la Policía sobre los hechos del 9S

La investigación señala que el uso ilícito de armas de fuego por algunos policías terminó en la masacre de once jóvenes.

13 de diciembre de 2021

Una investigación adelantada de manera independiente, y liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, señala que para los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha, se presentó una masacre desencadenada por uniformados de la policía que hicieron uso ilegitimo de armas de fuego.

“Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, dice el informe.

Así mismo indicó que “la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.

El documento de 182 páginas titulado Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, indica además que, “la escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos tuvo mayores impactos en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá (dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y el municipio de Soacha (tres homicidios)”.

“Para esta Relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”, manifiesta el documento.

Sobre las personas que murieron durante estos días, dice el informe que “al hacer un paneo de las víctimas mortales encontramos que comparten algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (diez de las 14 víctimas), no eran profesionales (once eran bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14). Dichos rasgos proponen una reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos”.

La investigación determinó además que “se documentó 14 asesinatos, lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos 216 miembros de la Policía”.

“También registramos los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos). Entre los casos que llamaron la atención está el de Cristian Camilo Rodríguez, asesinado el 10 de septiembre por hombres vestidos de civil en Engativá. Su asesinato ha sido excluido, sin fundamento, del conjunto de casos que se califican como relacionados con las jornadas de violencia del 9S y avanza de manera dramática hacia la impunidad”, indica el informe.

Entre las recomendaciones que entregó la relatoría, le pide a la Policía “llevar a cabo un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón a todas las víctimas de violencia, abuso o brutalidad policial. Dicho espacio debe ser precedido de encuentros de escucha y participación con las víctimas quienes deben contar con plenas garantías formales y materiales”.