SEMANA conoció los detalles de una denuncia que está en poder de la Fiscalía y en la que se advierten presuntos hechos de corrupción que incluyen a una firma integrante del consorcio Metro Línea 1, a cargo del proyecto para la construcción del metro de Bogotá. Un video que registra la entrega de 60 millones de pesos en efectivo, dentro de una bolsa, es una de las pruebas del caso.
El consorcio Metro Línea 1 emitió un comunicado luego de las revelaciones de SEMANA. En el documento, advirtió que no se trató de ninguna exigencia de dinero, sino de un acuerdo entre las partes para retener unos recursos tras algunos problemas en el desarrollo del proyecto.
“Los resultados preliminares de la investigación muestran que los hechos registrados ocurrieron en el marco de una relación contractual entre Ubeam Unit de China Harbour Engineering Company Limited Colombia (Chec Ubeam Unit), subcontratista de ML1, y la Unión Temporal Metrobuild (UTM)”, señaló la empresa Chec.
Los contratistas que denunciaron las supuestas exigencias de dinero aseguraron, por medio de su abogado, Julián Quintana, que no hubo ningún acuerdo, contrario a lo que sostiene el consorcio Metro Línea 1. Según afirmaron, se trató de exigencias ilegales para el pago de varias facturas que se encontraban atrasadas.
Contratistas que denunciaron presuntos hechos de corrupción con una empresa china encargada de construir el metro respondieron al comunicado de Metro Línea 1: “Fueron exigencias ilegales”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/35Vbwop28L
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026
“Los hechos son concluyentes, son evidentes; aquí no solamente es un video, hay conversaciones que dan cuenta de la exigencia y que nos vayan a salir con esta excusa. Pues sin duda alguna se va a caer esa la tesis defensiva, pero lo cierto es que no existe una sola prueba de que eso haya sido por una retención o acuerdo entre particulares”, dijo el abogado.
Quintana insistió en que la Fiscalía debe actuar con celeridad en el proceso, no solo para resguardar los elementos de prueba recaudados por las propias víctimas, sino también para tomar decisiones sobre los funcionarios del consorcio chino y evaluar la necesidad de advertir al Distrito sobre los presuntos hechos de corrupción.
“Existió, según la denuncia, según los elementos probatorios que tenemos y que están consignados en la Fiscalía, una exigencia ilegal para pagar unas facturas que debían pagar sin ninguna exigencia de carácter ilícito; esa es la realidad y esa es la hipótesis que vamos a trabajar con la Fiscalía”, advirtió el defensor.
El proceso de la Fiscalía apenas arranca. De acuerdo con el abogado de víctimas, el ente acusador adelanta todos los actos urgentes, que incluyen la recopilación de evidencia, la ampliación de denuncia y las declaraciones que permitan establecer las presuntas irregularidades y las exigencias que aseguran los contratistas hicieron los funcionarios del consorcio chino.