La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo y posteriormente fue hallada sin vida, entró en una nueva etapa judicial.
Luego de varios días de investigación, la Fiscalía logró la captura de cinco personas por su presunta participación en el crimen. El pasado 2 de agosto, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
Los enviados a prisión fueron Juliet Angulo, señalada por la Fiscalía como la presunta determinadora del crimen; María Fernanda Valencia, Luis Felipe Giraldo, Jesús Antonio Riascos y Luis Fernando Díaz, quienes fueron judicializados por los delitos de secuestro simple, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos.
En el expediente también reposan conversaciones que evidenciarían la planeación del crimen y la hipótesis de que se habrían ofrecido 4 millones de pesos para ejecutar el asesinato.
Mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y establecer qué pasó con la bebé que esperaba María Camila, surge una de las principales preguntas del caso: ¿qué otras consecuencias penales podrían enfrentar los responsables si son condenados? En diálogo con SEMANA, el abogado penalista Francisco Bernate explicó cuál sería el panorama jurídico con base en los elementos que se conocen hasta ahora.
¿Qué delitos podrían enfrentar los implicados?
Para Bernate, los hechos conocidos hasta el momento reflejan uno de los episodios criminales más graves que ha visto la justicia colombiana. Sin embargo, aclaró que la investigación será la encargada de confirmar cada una de las conductas y la responsabilidad individual de los procesados.
“Sin lugar a dudas, estos hechos son atroces, son hechos que realmente superan incluso la ficción inimaginable”, aseguró.
El abogado explicó que la responsabilidad no recaería únicamente sobre quienes habrían ejecutado materialmente el crimen. También podría extenderse a la persona que, presuntamente, lo planeó o pagó para que se cometiera.
“Lo primero que hay que señalar es que la persona que habría pagado u ofrecido una suma de dinero para que se realizara este acto tan atroz es responsable a título de determinadora y tiene la misma sanción que tendrían los autores”, indicó.
Es decir, si durante el proceso la Fiscalía demuestra que existió una persona que ordenó o financió el crimen, esta podría recibir la misma condena que quienes participaron directamente en el asesinato.
Feminicidio agravado y aborto no consentido
Con base en la información conocida hasta ahora, Bernate considera que la conducta de quienes habrían ejecutado el crimen encajaría, como mínimo, en el delito de feminicidio agravado. A su juicio, existen elementos que permitirían concluir que María Camila fue retenida contra su voluntad, asesinada y posteriormente sometida a la extracción de la bebé que llevaba en su vientre.
“Estas personas, en mi opinión, retuvieron a esta persona en contra de su voluntad, le causaron la muerte y extrajeron a una criatura, por lo que cuando menos estaríamos frente a un delito de feminicidio agravado que tiene una pena de hasta 50 años de prisión”, explicó.
Pero esa no sería la única conducta que podría investigarse.
“Tendríamos que agregarle, por lo pronto, el delito de aborto no consentido, que tiene sanciones de hasta 10 años de prisión”, agregó.
El punto clave: determinar si la bebé nació con vida
Uno de los aspectos determinantes para definir la acusación final tiene que ver con el resultado de las pruebas forenses sobre la bebé. Bernate explicó que la respuesta a esa pregunta cambiaría de manera importante los delitos que finalmente podrían ser imputados.
“La situación es muy diferente si se establece que la menor tuvo la oportunidad de vivir, así fuera por un solo instante”, afirmó.
Si la investigación concluye que la bebé nació viva, el análisis jurídico cambia por completo. En ese escenario, los responsables responderían por el feminicidio de María Camila y, adicionalmente, por el homicidio de la recién nacida.
“Estamos hablando del feminicidio de la mamá. En el caso de la criatura no se habla de feminicidio, porque si bien es cierto que ese es de género femenino, también lo es que la muerte no tiene que ver con móviles de violencia o de discriminación, por lo que tendríamos que hablar de homicidio en el evento en que se establezca que la menor estuvo viva”, precisó.
Por el contrario, si las pruebas establecen que la bebé nunca alcanzó a vivir fuera del vientre materno, la conducta relacionada con ella sería distinta.
“Si no nació viva, estaríamos en feminicidio; para la mamá y para la menor estaríamos en el delito de aborto no consentido”, explicó.
Las penas podrían acercarse a los 60 años de prisión
Para Bernate, cualquiera de los dos escenarios llevaría a que los responsables afrontaran una de las sanciones más severas contempladas por el Código Penal colombiano.
“Por una vía o por otra estaremos muy próximos a la pena de prisión de 60 años, tanto para los autores materiales como para la persona que ideó este hecho tan atroz y tan espantoso”, manifestó.
No obstante, insistió en que será la investigación la que determine con exactitud cuáles de esas conductas pueden demostrarse y cuáles terminarán formando parte de la acusación definitiva de la Fiscalía.
Un delito más podría sumarse
El penalista señaló que todavía existe un aspecto que podría agravar aún más la situación jurídica de los implicados: establecer si María Camila permaneció retenida contra su voluntad antes de ser asesinada.
“La investigación deberá determinar, adicionalmente, si esta persona asesinada estuvo temporalmente privada de su libertad, evento en el cual debe imputarse igualmente el delito de secuestro”, concluyó.
De confirmarse esa circunstancia durante el proceso penal, la Fiscalía tendría un argumento adicional para fortalecer la acusación contra los responsables de un crimen que ha conmocionado al país por la forma en la que, presuntamente, fue planeado y ejecutado.