Una nueva y delicada controversia estalló en el Atlántico y pone bajo la lupa el manejo de bienes incautados que están en poder del Estado. Esta vez, la denuncia gira en torno a predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que, pese a tener restricciones claras, estarían siendo utilizados para fines distintos a los establecidos por la ley.
El caso que prende las alarmas es el de la finca El Hatillo, ubicada en el municipio de Baranoa, un predio con medida cautelar que fue usado para actividades políticas relacionadas con la campaña Iván Cepeda Presidente, práctica expresamente prohibida y que podría configurar una grave irregularidad administrativa.
Los hechos conocidos por SEMANA ocurrieron el pasado sábado 10 de enero. Ese día, varias personas se reunieron en un quiosco de palma dentro del predio mencionado y el encuentro fue difundido abiertamente a través de la cuenta en redes sociales del Pacto Histórico en el Atlántico. No se trató de una reunión discreta ni privada. Un afiche de convocatoria que circuló públicamente señalaba que el objetivo del encuentro era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”. Además, en la misma pieza gráfica se indicaba que los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.
Esta situación abre interrogantes sobre el manejo que se le está dando en el Atlántico a los bienes que la SAE entrega en administración a asociaciones agrarias y campesinas, los cuales deben destinarse exclusivamente al trabajo productivo de la tierra.
SEMANA logró establecer que el predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario asesinado Julio César Polanía, señalado por las autoridades de haber tenido nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y, presuntamente, vínculos con la banda criminal de Los Costeños, organización que adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Petro. Tras su incautación, la finca quedó bajo administración provisional de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), cuyo representante legal es Nelson Viloria Larios.
Ante estos hechos, SEMANA contactó a Viloria Larios, quien negó que el evento tuviera fines políticos. “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico”, aseguró inicialmente.
Luego, al ser confrontado con las publicaciones en redes sociales y con las referencias explícitas a Iván Cepeda y su campaña presidencial, el administrador del predio ofreció otra explicación. “Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”, sostuvo.
Iván Cepeda, candidato presidencial, aseguró en conversación con SEMANA que no tenía conocimiento del evento y que tampoco autorizó el uso de su imagen. “Yo no tengo ningún conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España. Ahora hay asociaciones por todo el país que realizan actos. Probablemente, la asociación que está allí en esa hacienda no tiene conocimiento de la restricción que había y, evidentemente, ha incurrido en una situación que tendrá que asumir”, explicó.
Cepeda añadió que, de haber conocido con anticipación la realización de dicho evento, lo habría impedido para evitar este tipo de situaciones.
