Este martes 13 de febrero se confirmó que el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro radicó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación en contra del fallo que absolvió y tumbó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El recurso fue firmado, además, por el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett; el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y Deyanira Gómez, expareja sentimental del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
En el recurso de casación se pide revisar el fallo de segunda instancia emitido el pasado 21 de octubre por el Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la condena de doce años de prisión que le había impuesto la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.
Esto al considerar que existen elementos materiales probatorios que permiten inferir la responsabilidad penal del exmandatario en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En los próximos días, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicará su recurso ante el alto tribunal pidiendo que se deje en firme la sentencia contra el exmandatario.
Con el recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia deberá primero evaluar si cumple los requisitos para su estudio. De ser positivo, tendrá hasta cinco años para discutir, debatir y tomar una determinación: mantener el fallo de segunda instancia, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, o regresar a la condena de primera instancia.
Los reclamos del Tribunal
En el fallo que resolvió los recursos de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá —con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez— cuestionó la evaluación de las pruebas hechas por la jueza para emitir la mencionada sentencia.
“Conclusión errada, en cuanto la condición de testigo, la verosimilitud del relato, su credibilidad, la repetición de la versión y la intención de suprimir o desfigurar el conocimiento de un hecho delictivo, constituyen nociones bien diferenciables que exigen igualmente un análisis individual, en tanto la ausencia de uno o varios de ellos conlleva diversas implicaciones”, advirtió el Tribunal.
Igualmente, se manifestó que se le dio validez a testigos que incurrieron constantemente en contradicciones y que incluso reconocieron haber faltado a la verdad, como es el caso del exparamiltiar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en contra de quienes se compulsaron copias para que fuera investigado.
En otro de los apartes de la decisión se enfatizó en la falta de sustento para excluir varios elementos materiales probatorios allegados por la defensa del expresidente o el descarte de varios argumentos presentados durante los alegatos de conclusión.
“El método utilizado para determinar cuál versión es falsa careció de metodología objetiva y lógica. En varias ocasiones, la falladora concluyó sin precisar si se trataba de prueba directa del hecho relevante —el testimonio falso— o si se recurrió a prueba indiciaria, sin desglosar sus elementos esenciales. No identificó los hechos indicadores ni las reglas de la lógica utilizadas para deducir el hecho desconocido. En lugar de ello, optó por una interpretación que favorece la tesis acusatoria, sin explicar por qué se descartaron otras hipótesis plausibles que respaldaban la postura defensiva”, aseveró.
