El pasado 28 de abril fue el aniversario del inicio de las protestas de 2021, también llamadas ‘estallido social’, y desde esa fecha se viene hablando en redes sociales de ese duro momento de la historia de Colombia, que tuvo un alto costo en vidas y en el aparato productivo.
Precisamente, el 2 de mayo se viralizó un fallo de 2024, del Tribunal Superior de Bogotá, el cual, confirmando una sentencia de primera instancia de 2023, concluye que parte de los hechos violentos en Bogotá durante el paro nacional de 2021 no fueron espontáneos, sino coordinados con estructuras ilegales.
Ese recordatorio llenó las redes de mensajes por el momento político que vive el país. En plena campaña presidencial se está discutiendo la seguridad, la protesta social, el orden público y el legado del petrismo. Por eso, sectores críticos del Gobierno y de la izquierda usaron el fallo para cuestionar la narrativa según la cual el estallido social fue solo una protesta ciudadana espontánea. Incluso, algunos mensajes conectaron con Iván Cepeda y con quienes han defendido políticamente las movilizaciones de 2021.
De hecho, el mismo presidente Petro entró en la discusión respondiendo una de las tantas publicaciones en X al respecto. “En los años treinta del siglo pasado, el fascismo decidió en Europa que la protesta social era un acto criminal. La movilización inmensa de la juventud del pueblo colombiano contra el gobierno de Duque no fue un acto criminal, fue el derecho a rebelarse contra la injusticia”, aseveró el mandatario.
En los años treinta del siglo pasado el fascismo decidió en Europa que la protesta social era un acto criminal.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2026
La movilización inmensa de la juventud del pueblo colombiano contra el gobierno de Duque, no fué un acto criminal, fué el derecho a rebelarse contra la injusticia.… https://t.co/yemYsSnR5S
Sin embargo, las declaraciones del presidente contrastan con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que fue revivido porque confirmó condenas de hasta 19 años a miembros de la “primera línea” por terrorismo y concierto para delinquir durante el estallido social de 2021. Esta sentencia establece que los disturbios no fueron espontáneos, sino coordinados por una estructura criminal con chats, interceptaciones y vínculos a disidencias de las Farc.
En su momento, la Fiscalía logró probar que hubo una cadena de mando vía apps digitales y roles definidos. Si bien no implica que todo el estallido fue orquestado, sí redefine episodios violentos como delitos graves contra el Estado, no mera inconformidad social. Su resurgimiento en 2026 alimenta discusiones electorales sobre violencia en protestas y límites del derecho a la movilización.
En medio de un clima político altamente polarizado en Colombia, la reapertura del debate sobre el estallido social ha sido utilizada por sectores de derecha y críticos del petrismo para reforzar sus reiteradas denuncias: que, más que una expresión de inconformidad social, se trató de una violencia orquestada. Además, advierten que un escenario similar podría repetirse si no gana el candidato oficialista, Iván Cepeda.
Desde el lado de la izquierda y el progresismo, rechazaron el fallo o lo minimizaron, argumentando que se criminaliza la protesta o que es una decisión aislada. “Ya vimos un magistrado condenando a la señora llamada Epa por terrorismo, solo por romper un vidrio que después reparó, y ahora tenemos sentencias judiciales contra la movilización social.No señores, la protesta es un derecho legítimo del pueblo en una democracia”, enfatizó el presidente Petro.