La familia del dirigente político asesinado Álvaro Gómez Hurtado se pronunció. Al dar cuenta de cómo instancias judiciales mantuvieron para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) competencia sobre las investigaciones del crimen, perpetrado el 2 de noviembre de 2025, la familia dijo que recibe la decisión con “especial frustración”.
De igual manera, reiteró sus dudas respecto a la autoría aceptada por las Farc, en el año 2020, sobre el crimen. Dicha aceptación generó múltiples cuestionamientos y señalamientos en su momento, vigentes ahora mismo, respecto a si asumir tal responsabilidad obedecía a una jugada política de los otrora guerrilleros para que dicho caso lo justificaran ellos dentro del conflicto armado disputado con el Estado. Y, al lograrlo, encontrar en la JEP penas mucho más flexibles frente a las que enfrentarían en la Fiscalía General de la Nación.
“En 2020, exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP realizaron un ‘Aporte Temprano de Verdad’ ante la JEP, en el que asumieron responsabilidad por el magnicidio, sin evidencia material que fundamentara su dicho, sin ratificación por parte de la mayoría de los miembros del secretariado y en contravía de amplia evidencia documental recaudada por la Fiscalía durante años. A partir de esa manifestación, en 2025 la JEP decidió asumir competencia sobre el caso. La familia apeló dicha decisión, al considerar que no existían elementos de convicción suficientes que demostraran que el crimen fue cometido en el marco del conflicto armado y, por tanto, ha contribuido a desviar y dilatar la investigación que permita que las víctimas y la sociedad accedan a la verdad”, se lee en el pronunciamiento.
La familia también dijo que es 2026 y la JEP no presenta avance alguno sobre este crimen, uno de los más recordados entre los colombianos. “Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado”.
Este es el pronunciamiento completo de la familia de Álvaro Gómez Hurtado
COMUNICADO DE PRENSA
Familia de Álvaro Gómez Hurtado
Bogotá, 12 de febrero de 2026
El pasado 10 de febrero de 2026 fue notificado el Auto TP-SA 2138 de 2025 proferido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Auto resolvió la apelación presentada contra la decisión de la Sala de Reconocimiento que había aceptado competencia sobre el homicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado y del doctor José del Cristo Huertas Hastamorir.
Resumen pedagógico del caso
El 2 de noviembre de 1995, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, líder político, periodista y dirigente conservador, fue asesinado en Bogotá al salir de la Universidad Sergio Arboleda, junto con su colaborador José del Cristo Huertas. Conmocionó al país y ha permanecido durante tres décadas sin una definición judicial sobre sus máximos responsables.
A lo largo de estos 30 años, la justicia ordinaria ha adelantado múltiples investigaciones bajo distintas hipótesis: participación de estructuras criminales, posible intervención de miembros de la Fuerza Pública, vínculos con narcotráfico y la hipótesis de un crimen de Estado. Esta última hipótesis fundamenta la declaratoria como crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación el 18 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta la participación de carteles del narcotráfico y altos miembros de la administración de Ernesto Samper y la apertura de investigación en la Comisión de Acusaciones contra el entonces presidente Ernesto Samper.
En 2020, exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP realizaron un ‘Aporte Temprano de Verdad’ ante la JEP, en el que asumieron responsabilidad por el magnicidio, sin evidencia material que fundamentara su dicho, sin ratificación por parte de la mayoría de los miembros del secretariado y en contravía de amplia evidencia documental recaudada por la Fiscalía durante años.
A partir de esa manifestación, en 2025 la JEP decidió asumir competencia sobre el caso. La familia apeló dicha decisión, al considerar que no existían elementos de convicción suficientes que demostraran que el crimen fue cometido en el marco del conflicto armado y, por tanto, ha contribuido a desviar y dilatar la investigación que permita que las víctimas y la sociedad accedan a la verdad.
Sobre la decisión notificada
La Sección de Apelación resolvió el recurso confirmando la decisión de la Sala de Reconocimiento en cuanto a la competencia de la JEP respecto de los exintegrantes de las Farc-EP que comparecen ante esa jurisdicción.
La providencia analiza si el caso cumple los requisitos para ser conocido por la JEP y concluye que, en lo relacionado con los comparecientes de las Farc-EP, esa jurisdicción puede continuar el trámite. No obstante, la propia decisión delimita el alcance de esa competencia, señalando que la jurisdicción especial es prevalente respecto de los exintegrantes de las Farc-EP, lo cual no debería afectar las investigaciones que actualmente se adelantan en la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones en relación con otras hipótesis de responsabilidad.
Posición de la familia
La familia Gómez Hurtado recibe esta decisión con especial frustración. Han transcurrido casi tres décadas desde el magnicidio, y más de cinco años desde que la JEP asumió conocimiento preliminar del caso, sin que se haya producido un avance sustancial en el esclarecimiento integral de los hechos. Durante este tiempo, la actuación se ha centrado principalmente en recibir declaraciones de algunos comparecientes, sin que se haya superado el estándar probatorio ya recaudado por la justicia ordinaria.
Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado.
La familia insiste en que la verdad completa no puede reducirse a una versión tardía, no contrastada de manera robusta y carente de soporte técnico verificable, particularmente cuando subsisten líneas de investigación vigentes sobre la posible responsabilidad de altos funcionarios del Estado de la época.
Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las Farc-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos.
Compromiso con la verdad y la justicia
En nombre de la familia, reiteramos que seguiremos activando todas las instancias nacionales e internacionales que correspondan para sustraer este caso de la impunidad. La memoria de Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas Hastamorir exige verdad plena, justicia real y determinación integral de responsabilidades.
Treinta años después, el país sigue esperando respuestas.
La familia también.