Jairo Winston Mendoza Soto es un auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba). De acuerdo con la Fiscalía, le habría pedido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso en las pasadas elecciones del 8 de marzo de 2026.
La supuesta exigencia de dinero que habría hecho el funcionario estaba sentada en un ofrecimiento particular a la candidata: al menos mil votos en esta zona del país. Esto no es poca cosa, dado que es un funcionario de la Registraduría que debe garantizar transparencia en las elecciones.
“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecer con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo”, explicó la Fiscalía.
Durante una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía aseguró que el funcionario hizo una llamada telefónica a la candidata al Senado con el propósito de ofrecer los votos en su departamento, todo a cambio de 100 millones de pesos como garantía de un acuerdo criminal entre las partes.
“De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero. Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos”, advirtió el ente acusador.
Advirtió la Fiscalía que, a partir de los hechos investigados, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El funcionario no aceptó el delito imputado.