El decreto con el que el gobierno busca dejar en libertad a personas procesadas por graves hechos, ocurridos en el marco de las protestas, tiene unas zonas grises que, de acuerdo con el fiscal general, Francisco Barbosa, deben ser explicadas en detalle al país.
El jefe el ente acusador aseguró que en el decreto se habla de voceros, pero en público se les da categoría de gestores, pero en ningún escenario se explica qué o cuál será la función que cumplan las personas que recuperen la libertad a partir de esa decisión de Gobierno.
“No entiendo bien la figura de gestor de paz que se habla dentro del decreto. Tocaría explicarle al país exactamente. Vocero de quién o de qué y el marco de qué proceso de paz. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno nacional. Conversé hoy con el ministro del interior y el ministro de justicia para que me explicaran en qué consistía esto, los dos me explicaron que es la justicia la encargada de dar la salida o no de esas personas”, añadió el fiscal.
El fiscal Barbosa advirtió que tuvo la oportunidad de leer el decreto y las dudas surgieron con esa misma lectura, por eso se reunió con el ministro del interior y el ministro de justicia, para tratar de resolverlas y en esos encuentros quedó claro que será decisión de los jueces conceder o no las libertades.
“Me imagino, en ese sentido que esa recomendación tiene necesariamente que tener una solicitud ante los jueces de la República, es decir los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas, en ese sentido creo que la Fiscalía lo que hace es estar pendiente de ese procedimiento”, señaló el fiscal Barbosa.
La Fiscalía quedó por fuera del análisis que hizo el Gobierno de cara a definir quiénes podrían ser los beneficiados con la libertad y en el marco de este proceso. Es un hecho particularmente extraño teniendo en cuenta que es la Fiscalía es la dueña de las investigaciones y conoce en detalle los prontuarios.
“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves, homicidios y haya sido condenado por la justicia. Los condenados por la justicia, están condenados. Yo espero que la judicatura en el marco de su autonomía e independencia, tome las decisiones correspondientes bajo el organismo jurídico”, insistió Barbosa.
Como quedan las cosas, el Gobierno cumplió, a medias, la promesa que hizo de dejar en libertad a las personas procesadas por graves hechos y conductas criminales en las jornadas de protesta. A medias, porque aunque firmó el decreto, serán los jueces quienes ordenen las libertades y los mismos aseguraron que ni hay presos políticos, ni detenciones ilegales.
“Las investigaciones judiciales contra todas esas personas que cometen delitos graves como las torturas, los homicidios la quema del Palacio justicia de Tuluá, la quema de una sede la Fiscalía en Popayán, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía y le cumplimos al país, en eso creo que la tarea de la Fiscalía es seguir preservando el orden institucional”, señaló el fiscal.
El fiscal se anticipó a advertir que en el caso de alias 19, cabecilla de la primera línea, condenado por secuestro y tortura, no se puede otorgar libertad o convertirlo en gestor de paz, es una persona condenada en otras palabras no existe duda de su responsabilidad en la comisión de actividades criminales.