A la deriva el hospital de San Andrés

Desde la congestionada y ruidosa vía que conduce a San Luis, el edificio del hospital Clarence Lynd Newball Memorial luce nuevo, imponente, sólido para atender a los más de 80.000 habitantes de las islas y a los miles de turistas que las visitan. Sin embargo, quienes entran en busca de atención pronto se dan cuenta de que aún no ha podido salir de la profunda crisis en la que cayó hace unos meses; otro símbolo de la corrupción y desgreño que se tomó la administración de este hermoso departamento insular.

En abril pasado el hospital vivió, según varios médicos, su momento más crítico: no tuvo medicamentos o insumos suficientes para prestar servicios. No hubo guantes, sondas, ni las pinzas cauterizantes que se les colocan a los recién nacidos una vez cortado el cordón umbilical.

Puede leer: Por coimas de $11.000 millones, a la cárcel gobernador de San Andrés: Fiscalía

La crisis del hospital fue tan grave que el procurador general, Fernando Carrillo, decidió a finales de abril suspender por tres meses al gobernador Ronald Housni por la cantidad de irregularidades que encontraron en el centro asistencial y que afectan el derecho a la salud de los isleños. Hoy Housni está preso junto con la exgobernadora Aury Guerrero y otros funcionarios, acusados por la Fiscalía de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Al parecer habría encontrado irregularidades en la adjudicación de contratos por 120.000 millones de pesos y los pagos de coimas superarían los 11.000 millones. En la mira estarían algunos procesos de contratación del hospital, que recibe más de 3.000 millones de pesos de la Nueva EPS y Sánitas, las únicas que operan en el departamento.

Neal Gómez Bent, jefe de Operaciones de la empresa que desactivaba los residuos hospitalarios, asegura que Salus se  fue debiéndole 5 meses de trabajo.

Por ejemplo, los ascensores constantemente sufren percances y para subir o bajar algunos pacientes a veces es necesario pedir prestados soldados al batallón. La planta eléctrica no funciona cuando se requiere y es increíble que, aunque todos los días practican buceo en las islas, la cámara hiperbárica, utilizada para estabilizar a los buzos que sufren descompresión, no funciona.

Le recomendamos: Los megaempresarios paisas detrás del desgreño de contratos en San Andrés

Actualmente, el hospital lo opera la firma Ser Medic IPS, que si bien ha mejorado los servicios, no ha alejado las dudas de los isleños quienes la consideran una firma de papel y, al tiempo, se preguntan: ¿qué llevó a San Andrés a esta debacle?, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias para evitar este colapso?

El enredo

Tras la liquidación de Caprecom, que tenía a su cargo la salud en el archipiélago, en 2012 la Gobernación de San Andrés firmó un contrato con la IPS Universitaria –una empresa en la que participa la Universidad de Antioquia–, para que se encargara durante cinco años de la atención en salud de las islas.

Durante ese tiempo, el hospital mantuvo una operación relativamente normal. Faltando algunos meses para el final del contrato, el 31 de julio de 2017, la IPS Universitaria anunció que no iba a seguir con la operación, entre otras cosas, porque no le resultó del todo rentable. Finalmente, esa IPS firmó otro contrato, ya no para prestar directamente los servicios de salud, sino para gestionarlos. Es decir, se le permitió subcontratar o unirse con otras empresas para operar el hospital.

Así ocurrió el año pasado, cuando la IPS Universitaria designó a Salus Global Partners, cuyo representante legal era Julián Carvajal, como el prestador de los servicios de salud.  Solo un mes después la Procuraduría encontró deficiencias en los servicios y que numerosos empleados no tenían un contrato escrito, igual que algunos contratistas. “A muchos trabajadores les dejó de pagar seguridad social, pero la gente tenía y tiene temor de denunciar”, manifestó un médico del hospital que pidió reservar su nombre.

La situación del Clarence tocó fondo entre enero y abril de este año, pues quedó prácticamente en quiebra, sin insumos y sin posibilidad de atender a los habitantes. Por estos y otros hechos, la Secretaría de Salud del departamento ya había multado a la IPS Universitaria por más de 700 millones de pesos.

La Procuraduría se llevó la sorpresa más grande durante una visita de inspección que realizó al hospital los primeros días de abril. El representante legal de Salus Global Partners, Julián Carvajal, llevaba dos meses sin ir a trabajar, lo que había dejado al hospital a la deriva. No había suficientes medicamentos, ni sangre, más de 200 cirugías represadas y otros servicios cerrados. Por ejemplo, el laboratorio estaba trabajando sin microbiología, no se realizaban cuadros hemáticos, pruebas de coagulación, ni cultivos.

Le sugerimos: El tour de la corrupción: del eje cafetero a San Andrés

A todo esto se le sumó la falta de pago tanto a empleados como contratistas: residuos hospitalarios, vigilancia, imagenología, endoscopia, lavandería, entre otros.

SEMANA conoció que las irregularidades en contratación y pagos superan los 1.000 millones de pesos y a varias personas todavía no se les cancela esa deuda. “Mi contrato con Salus fue verbal, las máquinas de endoscopia son mías. No me firmaron un contrato y me dijeron: ‘vaya dándole tranquilo’. Me deben 130 millones de pesos, tengo una cuenta de cobro y un aval firmado por ellos”, manifestó el doctor Orlando Jiménez.

 Muchos pacientes tienen que viajar al interior del país para buscar atención.

Además, algunos especialistas en las islas indican que hay un subregistro de varias enfermedades y que el archipiélago no está preparado realmente para hacer frente a una emergencia. Le aseguraron a SEMANA que por la crisis de salud en Providencia ya no hay providencianos, es casi nulo el número de nacimientos en su hospital, todas las madres gestantes viajaban a San Andrés en busca atención y sus hijos nacen en San Andrés. “En Providencia no hay ginecólogo, no hay anestesiólogo, hay rurales como en cualquier zona periférica de Colombia. La diferencia es que si en Providencia llega una mujer con una complicación, tienes que llevarla en lancha o avión a San Andrés, con un alto riesgo”, afirmó uno de los especialistas.

Las denuncias de la Procuraduría sacaron a la luz el polvo escondido bajo la alfombra, mostraron la crisis del hospital de San Andrés y de paso revelaron otro foco del problema. El hospital llegó a acumular 4 toneladas de basura, lo que generaba un claro riesgo tanto para el personal como para los pacientes e incluso para el medioambiente. 

¿Buena solución?

La inevitable partida de Salus Global Partners dejó dos grandes consecuencias. Por un lado, se fue sin pagarles a los empleados y contratistas, y, por el otro, dejó el hospital en estado lamentable. El nuevo operador comenzó a funcionar a finales de mayo y empezó de nuevo procesos de contratación, pero solo responde por los pagos posteriores a su llegada.

Ser Medic se llamaba antes Saludinver IPS S.A.S., pero el 10 de febrero de este año cambió el nombre, renovó su matrícula mercantil el 26 de julio, cuando iba a prestar el servicio en San Andrés y de manera maratónica creó una sucursal en la isla solo dos días después, que constituyó con un activo vinculado de solo un millón de pesos. Como representante legal figura la raizal Sheena Downs Pomare. De hecho, algunos piensan que esta es una maniobra para evadir los trámites que tendrían que hacer ante la Oficina de Control Circulación y Residencia (OCCRE).

 En la crisis del centro médico 4 toneladas de residuos hospitalarios se acumularon poniendo en riesgo la salud de trabajadores y pacientes.

Según el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Medellín, los dueños conformaron la sociedad con 50 millones de pesos y en la actualidad tiene activos por 306 millones. Esto ha generado dudas entre los sanadresanos y la Procuraduría, pues se cuestionan si una empresa con estas condiciones puede atender a gran parte de los habitantes y turistas.

SEMANA intentó sin éxito comunicarse en repetidas ocasiones con Carvajal, y le envió un cuestionario a Ramiro Roldán, gerente de Ser Medic, pero al el cierre no habían respondido. Sin embargo, hay que reconocerle a Ser Medic que en este tiempo logró estabilizar el hospital y disminuir el represamiento de servicios. Pero solo trabajará hasta diciembre, ya que a partir de enero debería entrar un nuevo operador del hospital. El Ministerio de Salud en Bogotá lidera el proceso y el nuevo modelo que el presidente Iván Duque les prometió a los isleños el día siguiente de su posesión.

El procurador Fernando Carrillo dijo que “El modelo de salud implementado desde 2012 ha propiciado una modalidad de subcontratación, con serias omisiones del departamento”.

Mientras tanto, el hospital de San Andrés lleva años sin un rumbo fijo y sus habitantes día a día sufren sus consecuencias. Los gobiernos departamentales solo han puesto remiendos a los problemas acumulados y queda en el aire la sensación de que el lazo más fuerte que une a Colombia con el archipiélago es la corrupción.