SEMANA: La justicia en Estados Unidos dio un giro clave en el litigio de Drummond tras cerrar unos procesos. ¿De qué tratan esas decisiones?
Paula Cadavid (P. C.): Son decisiones que se enmarcan en dos procesos que han concluido y que Drummond inició hace unos años contra Terry Collingsworth. Él es el abogado estadounidense que demandó previamente a Drummond por supuestamente haber financiado a los paramilitares y haber solicitado la muerte de ciudadanos colombianos.
SEMANA: ¿Cuáles eran esos dos procesos?
P. C.: El primero es un proceso por actos de difamación realizados contra Drummond. La compañía demandó al abogado Collingsworth y a la ONG llamada IRAdvocates.
El segundo proceso es por actos de violación de la Ley RICO, que es la ley de delincuencia organizada en Estados Unidos. En esa acción, Drummond demandó no solo a IRAdvocates y a Terry Collingsworth, sino también al abogado colombiano Iván Otero y al ciudadano holandés Albert van Bilderbeek.
SEMANA: ¿Qué definió la justicia norteamericana en esos casos?
P. C.: Los dos procesos han culminado con una sentencia. En lo que tiene que ver contra el señor Collingsworth y la ONG, se trata de una decisión de primera instancia, que está en apelación. Respecto de Iván Otero y Albert van Bilderbeek, es una decisión ya definitiva, en firme.
La sentencia recoge la decisión en que el jurado declaró la responsabilidad, tanto por actos de difamación —haber mentido para afectar la honra y el buen nombre de Drummond— como por actos de violación de la Ley RICO. En concreto, los condenan por haber manipulado la declaración de testigos, un grupo de exparamilitares que declararon contra Drummond y de los cuales se probó que habían recibido sobornos durante un periodo largo de tiempo. De ahí, se concluye que hubo un engaño a la corte (lo que aquí correspondería a un fraude procesal), lavado de activos por los dineros que circularon para pagarle a los testigos y concierto para delinquir. Todo ello constituye actos de violación de la Ley RICO.
SEMANA: ¿Qué señala el juez específicamente sobre el abogado Terry Collingsworth?
P. C.: El juez David Proctor emitió una serie de sanciones respecto del abogado Collingsworth. En su decisión, explica el contexto del fallo, señala que hay pruebas de que los paramilitares cambiaron su versión para mentir, que recibieron este dinero para modificar sus declaraciones y que el cambio del testimonio fue motivado por este pago; además, que existe evidencia de que Collingsworth también mintió a la corte de manera reiterada, al negar haber realizado esos pagos, para luego reconocerlos, pero alegando que eran para proteger la seguridad de los testigos. Ante ello, el juez Proctor señaló en su decisión que en múltiples ocasiones Collingsworth presentó a la Corte información falsa o incompleta sobre los pagos y que estos no fueron para brindar seguridad a los testigos, y destacó que fue luego de recibir los pagos que esos testigos cambiaron sus versiones para implicar a Drummond en los supuestos hechos.
SEMANA: ¿Qué sanciones tiene la providencia?
P. C.: En esa decisión se impusieron sanciones severas contra él: le impiden seguir litigando o trabajando como abogado en ese Estado y se informa a otras jurisdicciones sobre la decisión. También se le exige a Collingsworth que informe dónde había utilizado esos testimonios, sin importar el lugar del mundo, para trasladar las conclusiones de esta sentencia a esas autoridades. Además, el juez dispuso compulsar copias al Departamento de Justicia para que se investiguen esas conductas, que no solo tienen relevancia civil, sino penal en Estados Unidos. Por otra parte, el juez lo condena a pagar una suma de dinero a título de reparación de perjuicios para Drummond, tanto por el tema RICO como por el tema de difamación, a partir de lo señalado por el veredicto.
SEMANA: ¿A qué monto ascienden los perjuicios?
P. C.: En el caso de difamación, el juez establece que Collingsworth deberá pagar a la parte demandante, a manera de recuperación, la suma de 52 millones de dólares más intereses y costas del proceso. En el de la Ley RICO, la condena por perjuicios fue establecida por el jurado en 68 millones de dólares. Sin embargo, esos 68 millones tienen que triplicarse, porque así lo señala la ley. Estamos hablando de más de 250 millones de dólares. En Estados Unidos, como en Colombia, la obligación de reparación es solidaria: le pueden cobrar el total a cualquiera de los condenados.
SEMANA: ¿Cómo se prueba en el proceso que los testigos cambiaron de versión?
P. C.: En el proceso hay un amplio material probatorio, y quisiera compartirle algunos ejemplos de lo que se recaudó. Hay correos electrónicos y mensajes de WhatsApp y de texto entre los abogados de Estados Unidos, los abogados de Colombia y personas que entonces estaban privadas de la libertad en virtud del proceso de Justicia y Paz, en cárceles colombianas, por ser colaboradores de los paramilitares (como Jaime Blanco o Jesús Charris) o exparamilitares.
En esos correos queda claro cómo se fueron de cárcel en cárcel hablando con la gente para obtener declaraciones contra Drummond y sus directivos. Hay correos en donde esos mismos paramilitares cuentan que los buscan para declarar contra Drummond, pero ellos no tienen nada que decir de la compañía.
Un paramilitar afirmó textualmente en declaración jurada que rindió ante la Fiscalía en 2018 que: “Iván Otero llegó a la Modelo y nos citó a una reunión (…) y nos dijo que le sirviéramos de testigo en contra de la Drummond, ya que había una plata para que nosotros declaráramos en contra de la Drummond (…) Le dije al señor Iván Otero que yo no me podía poner a echar mentiras”, lo que coincide con lo que ese exparamilitar llevaba manifestando desde el 2011, cuando precisó que en esa reunión el abogado Otero les ofreció 1 millón de dólares.
El mismo sujeto declaró ante la Fiscalía en agosto de 2018 lo siguiente.
SEMANA: ¿En algún momento se pudo probar que esa plata efectivamente fue girada por Collingsworth?
P. C.: Tenemos el registro de los giros y transferencias de dinero. Por ejemplo, tenemos correos de Jairo de Jesús Charris y de su entonces pareja, en que le piden dinero al equipo de Collingsworth para solventar los gastos de su familia y para montar un negocio.
Tenemos los comprobantes de los giros internacionales del dinero y de las consignaciones realizadas a la entonces pareja de Charris. También tenemos comprobantes de giros al equipo de Collingsworth en Colombia y correos que evidencian el pago de esos recursos a los testigos. Tenemos otro correo en que afirman que Jaime Blanco no va a seguir trabajando en la elaboración de su declaración hasta que le entreguen el dinero.
Tenemos correos en los que se reconoce que, para reunirse con los paramilitares presos, hicieron pagos a funcionarios del Inpec. Tenemos cientos de documentos que acreditan las relaciones que sostuvieron los abogados con los testigos y los pagos que les hicieron para obtener sus declaraciones contra Drummond.
SEMANA: ¿Cómo llega la defensa de Drummond a tener acceso a esos documentos?
P. C.: La razón por la cual se pudieron obtener esos documentos en el proceso es que el juez levantó la reserva cliente-abogado que los protegía y obligó a Collingsworth y a los demás demandados a entregar sus equipos y correspondencia. Eso permitió que en el proceso se pudiera contar con los correos y documentos de ellos mismos, material que ellos nunca pensaron que terminaría en manos de la contraparte.
SEMANA: ¿Qué significan hoy esas decisiones para la compañía?
P. C.: Lo más importante de estas decisiones es que cierran el debate sobre las pretensiones que tuvo en un primer momento Collingsworth al decir que Drummond era una compañía americana que había financiado el conflicto armado en Colombia, a las AUC y que había ordenado matar ciudadanos colombianos. .
Después de tantas décadas durante las cuales Drummond soportó estas mentiras y luego de haber ganado todas las demandas interpuestas en su contra, ahora el condenado es el abogado y su equipo, por haber generado esta empresa dedicada a actividades de crimen organizado que involucran el soborno y la manipulación de los testigos que declararon falsamente, entre otras, tal como reconoció el juez Proctor en sus decisiones.
SEMANA: Drummond tiene procesos en su contra, en los cuales también se le señala de nexos con el paramilitarismo. ¿En qué van esos pleitos?
P. C.: En Colombia, la Fiscalía tiene abierta una investigación a raíz de denuncia interpuesta por Drummond desde hace más de 10 años. Cuando se conocieron las evidencias que acreditaban el pago y las mentiras de los testigos, la compañía interpuso una denuncia por falso testimonio, soborno, fraude procesal, entre otros delitos. En el marco de este proceso hemos atravesado más de 8 cambios de fiscales, el último hace un par de meses. Ahora el caso no está en la Fiscalía de Falsos Testigos, sino en la delegada contra la criminalidad organizada. Con cada fiscal hay que volver a empezar desde cero, en un asunto que tiene cientos de elementos de prueba.
Todas las pruebas recaudadas en Estados Unidos están en esa investigación y le hemos pedido a la Fiscalía que avance, para que se formulen imputaciones en Colombia por estas conductas, que no se limitan al falso testimonio: los abogados pagaron, lo cual constituye soborno en la actuación penal; hay concierto para delinquir y se está engañando a las autoridades en Colombia, lo que configura fraude procesal.
SEMANA: Pero también hay procesos en la fiscalía contra los directivos de la empresa, el actual presidente de Drummond en Colombia, José Miguel Linares, y el expresidente, Augusto Jiménez.
P. C.: Sí, esos procesos están en curso. Desde antes de la resolución de acusación, la defensa aportó evidencias de que los testigos mintieron a cambio de dinero, demostrando no solo que recibieron pagos, sino que faltaron a la verdad. No obstante, la Fiscalía formuló acusación en su contra, argumentando que la tesis de la defensa sobre la falsedad de los testimonios tendría que ser analizada por la Fiscalía que estaba investigando el falso testimonio y no por quien lleva este caso. Es decir, pasó por alto la valoración de las pruebas que demostraban que los testimonios en que basó su acusación eran falsos. A raíz de esa acusación formulada contra dos de los directivos, ese proceso se encuentra en etapa de juicio, donde hemos seguido aportando las evidencias recaudadas.
SEMANA: El caso de Drummond también está en la JEP. ¿Por qué la empresa debe acudir a esa jurisdicción?
P. C.: La JEP no tiene un caso contra Drummond porque los civiles no están bajo su jurisdicción, salvo que comparezcan de manera voluntaria. Lo que tiene la JEP es el Caso 008, en el que investiga los vínculos entre las AUC y la empresa privada. Bajo esa sombrilla, han incluido investigaciones que involucran a terceros sobre los cuales no tienen jurisdicción. Dicen estar investigando la conducta de un actor en el conflicto, pero terminan haciendo afirmaciones en relación con Drummond. Cuando les entregamos las pruebas, nos responden que no somos parte y que, por ende, no las deben valorar. Nuestro argumento central es que su función constitucional es buscar la verdad. Y nosotros presentamos una verdad probada. Pero la JEP ha insistido en que no somos parte y que no tiene que evaluar lo que entregamos.
SEMANA: Hay otras empresas que también fueron demandadas en su momento por Collingsworth y hace unos meses el expresidente Uribe también se refirió a la condena contra este abogado. ¿Han entrado en contacto con ellos?
P. C.: No, pero sabemos que existen. Sabemos que fue una estrategia de litigio. Iban a zonas de conflicto en Colombia a conseguir poderes de las víctimas, aprovechándose de su vulnerabilidad, para demandar compañías americanas en Estados Unidos.