Colombia pasó cuatro años sin tener un embajador de Estados Unidos en Bogotá. Un cuatrienio en el que la principal relación bilateral de nuestro país no tuvo del otro lado una contraparte en propiedad. A este vacío se le suma un inventario de yerros que parecieran intencionales: relaciones rotas con Israel; vínculos deteriorados con Ecuador, Perú, Argentina y Chile; y la decisión de un Gobierno que prefirió gastar su capital diplomático defendiendo el régimen de Irán y la dictadura cubana, a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, antes de hacerlo por los intereses de los colombianos.

No ha sido un simple desajuste en nuestra Cancillería: es la demolición sistemática de muchas décadas de tradición diplomática. Por eso, lo que le espera al nuevo Gobierno no es un acondicionamiento en el rumbo, sino que requerirá obrar el casi milagro de devolverle a la política exterior colombiana la dignidad, la efectividad y el impacto perdidos.

El primer desafío está en Washington. Colombia necesita recuperar su condición de principal socio estratégico de Estados Unidos en la región, y eso no se logra con gestos simbólicos ni con una relación entre mandatarios. Se necesita una relación bipartidista y bicameral edificada en puentes reales con el Congreso de Estados Unidos, con demócratas y republicanos por igual, y que sobreviva a los cambios de administración en los dos países. La cooperación en seguridad, en comercio, en migración y en inversión depende de esa base política sólida y sostenida en el tiempo.
El segundo frente es Israel. Romper relaciones diplomáticas con este país fue una decisión que aisló a Colombia de buena parte de Oriente Medio sin beneficio estratégico alguno. Restablecerlas será la señal indispensable de un país que retorna a su tradición de equilibrio y de pragmatismo, en lugar de alinearse automáticamente con regímenes que persiguen a sus opositores y financian el terrorismo.

El tercer reto está en el vecindario. Ecuador, Perú, Argentina y el resto del hemisferio no son adversarios ideológicos. Por el contrario, son los socios naturales de Colombia en seguridad fronteriza, en comercio y en la lucha contra el crimen transnacional. La diplomacia colombiana debe dejar de medir a sus vecinos por afinidades políticas para construir agendas de interés compartido, especialmente frente al narcotráfico y la migración irregular, en su impacto por igual en la región andina.
A esto se agrega un deber que Petro nunca priorizó o, con mayor precisión, dejó de lado. Es urgente retomar una diplomacia comercial y de inversión efectiva. Las embajadas no pueden seguir operando como trincheras ideológicas; deben transformarse en oficinas activas de promoción de comercio y de inversión extranjera. Aumentar el comercio intrarregional y atraer capital son objetivos en cabeza de embajadores con capacidades en negociación económica, no solo en discursos políticos.

Venezuela y Cuba merecen una mención aparte. Petro legitimó el fraude electoral de Maduro y calló ante la represión en la isla. El nuevo Gobierno debe asumir el papel diferente de acompañar activamente y con firmeza diplomática la reconstrucción democrática de Venezuela, en coordinación con la comunidad internacional. Y frente a Cuba, apoyar sin ambigüedades la aspiración de un pueblo con más de 60 años a la espera de su libertad.
La acción contra el narcotráfico en el Caribe es otra área donde Colombia debe liderar y no seguir. La cooperación con Estados Unidos en esta materia no es una concesión a una potencia extranjera: es una necesidad de seguridad nacional que además consolida el peso geopolítico del país más allá de sus fronteras.

Nada de esto es posible sin devolverle su prestigio a la carrera diplomática. Los nombramientos políticos y las cuotas burocráticas degradaron un cuerpo profesional que alguna vez fue motivo de orgullo nacional. De manera que se necesita mérito, formación y estabilidad en vez de lealtades partidistas.
En paralelo a tales desafíos, Colombia tendrá que contribuir activamente a las reformas del multilateralismo en un periodo en el que organismos como la ONU y la OEA enfrentan una crisis de legitimidad que el país no puede seguir ignorando desde la periferia.
Después de cuatro años de improvisación, de aislamiento y de alineamientos ideológicos costosos, reconstruir con efectividad la política exterior colombiana va a requerir de un milagro centrado en una voluntad política sostenida, en la profesionalización del servicio exterior y en una visión de Estado que perdure en sucesivos gobiernos.

El presidente Abelardo De la Espriella tiene la oportunidad y la obligación moral de propiciar esta reconstrucción luego del desastre y el lastre dejados por un solo hombre: Gustavo Petro.
*Expresidente de la república.
