nación

Los ocho retos frente a la implementación del Acuerdo de Paz, según la Defensoría del Pueblo

“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al entregar un balance de la implementación.


La Defensoría del Pueblo advirtió que así como se han registrado avances en la implementación del Acuerdo con las Farc, también existen grandes retos para los próximos gobiernos, en aras de la garantía del derecho a la paz.

Así lo señaló el titular de ese despacho, Carlos Camargo, al entregar este jueves el “Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, documento que contiene una serie de recomendaciones a las entidades del Estado para el efectivo cumplimiento de los puntos pactados en el Acuerdo.

Según el estudio, con corte al 30 de mayo de 2022, el organismo ha verificado tanto el cumplimiento de las metas en general, como de la atención prestada a las recomendaciones efectuadas en el informe del año pasado.

Señaló que estos avances dan cuenta de importantes esfuerzos gubernamentales en materia de planeación y en aspectos presupuestales, técnicos y administrativos para la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo.

“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío. Sin embargo, luego de revisar los avances, poner de manifiesto las dificultades y advertir los mayores retos, desde la Defensoría del Pueblo somos optimistas en que el país avanza firme en el propósito de cumplir con las metas que el Acuerdo de Paz se propuso al finalizar la presente década”, destacó Camargo.

El informe advirtió que “luego de una larga, pero necesaria fase de planeación, el proceso de implementación del Acuerdo entró en una fase de aceleración y hoy se puede decir, con optimismo, que la implementación ha tomado velocidad de crucero”.

En ese sentido, señaló que “es de esperar que el nuevo gobierno pueda sostener el ritmo en los temas más avanzados y les dé el impulso necesario a los temas en los cuales hemos identificado mayores retos”.

“Estamos convencidos de que las bases que se han forjado en los últimos años nos permitirán superar las dificultades y alcanzar muy pronto la meta de la Paz que tanto hemos anhelado”, dijo por su parte el defensor del Pueblo.

Avances de la implementación

En el informe se destacó, por ejemplo, que en el acceso a tierras se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias. Al Fondo de Tierras han ingresado 1.912.839 hectáreas, correspondientes a 16.923 predios, lo que se traduce en un avance del 63,8 % frente a los 3 millones de hectáreas fijados como meta en el Acuerdo Final”, indicó.

En cuanto a tierras para los excombatientes de las Farc, indicó que 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) cuentan con predios comprados para su consolidación y/o estabilización. “Además, de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la reforma rural integral 14 han sido adoptados y 2 se encuentran próximos a su oficialización”, enfatizó.

“En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos, con una ejecución, durante tan solo el año 2021, equivalente al 46 % del presupuesto invertido en cinco años”, destacó.

La Defensoría del Pueblo señaló que "en cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos, con una ejecución, durante tan solo el año 2021, equivalente al 46 % del presupuesto invertido en cinco años”. Foto: Publicaciones Semana. León Darío Peláez. Semana
La Defensoría del Pueblo señaló que "en cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos, con una ejecución, durante tan solo el año 2021, equivalente al 46 % del presupuesto invertido en cinco años”. Foto: Publicaciones Semana. León Darío Peláez. Semana - Foto: León Darío Peláez

Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), señaló que “se lograron varios avances importantes: el 92 % de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91 % asistencia técnica integral, el 82 % ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55 % con proyectos productivos de ciclo corto”.

“Las experiencias internacionales dan cuenta de que en los países en contexto de posconflicto el nivel de cumplimiento a los seis o siete años alcanza un 50 % del total de los compromisos, siendo la tendencia alcanzar entre el 60 % y el 70 %”, indicó.

Según la Defensoría del Pueblo, “con esos referentes históricos, el panorama en Colombia debe apreciarse como halagador, en tanto en varios de los componentes se tienen avances significativos en períodos cortos, avances que, por supuesto, se deben alcanzar en todos los temas teniendo en cuenta el criterio de integralidad que inspira el Acuerdo”.

“Por otro lado, la ruta de implementación de los compromisos pactados en el Acuerdo Final tampoco es ajena a factores externos, que pueden incidir de manera preponderante en la desaceleración de acciones y actividades para el cumplimiento de lo pactado. Los efectos y consecuencias que ha dejado la más reciente pandemia son prueba de ello”, indicó.

Fracasó el programa de sustitución de cultivos ilícitos?
Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Defensoría del Pueblo señaló que “se lograron varios avances importantes: el 92 % de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91 % asistencia técnica integral, el 82 % ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55 % con proyectos productivos de ciclo corto”. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA - Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

Desafíos de la implementación

Para ese organismo, existen ocho desafíos para los próximos gobiernos en materia de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

- En materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones.

- Urge la constitución de la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso.

- Se requiere un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025.

- Ya se han aprobado y adoptado 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, pero se requiere su implementación comoquiera que ellos se relacionan con el desarrollo del sector rural en asuntos como vías, electrificación, conectividad, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

- En relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desafío urgente es gestionar el presupuesto faltante para culminar los componentes del programa que se acordaron con las familias beneficiarias.

- En los PDET conviene fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras.

- Urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales.

- Disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente.

La Defensoría del Pueblo señaló que “otro de los retos fundamentales consiste en que los exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc fortalezcan su participación en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a fin de aportar en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado”.

“El reconocimiento de los logros, las dificultades y los desafíos constituyen un examen de conciencia en el que las autoridades públicas y los ciudadanos deberán converger en aras de continuar en la construcción de una paz estable y duradera”, dijo Camargo.

El funcionario puntualizó señalando que desde ese despacho “continuaremos comprometidos con el seguimiento a la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo, de una manera analítica y objetiva, con miras a elevar las recomendaciones que podrían implementarse para fortalecer la actuación del Estado como garante del proceso de paz”.