Este martes 13 de enero, pocas horas después del fin de la vacancia judicial, la Corte Constitucional definió al ponente de una de las discusiones más importantes y polémicas: la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Petro a finales del año 2025.
El magistrado Carlos Camargo Assis fue elegido como el ponente de la discusión frente al Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025.
Como primera medida, deberá decidir si existen o no méritos para ordenar la suspensión provisional de la medida mientras se toma una decisión de fondo.
Este decreto fue emitido por el presidente Gustavo Petro con el fin de recaudar 16 billones de pesos “que permitan hacerle frente al déficit fiscal”. La decisión se tomó tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
“Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual Gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos que, en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República”, señaló el pasado 22 de diciembre el jefe de Estado.
“La deuda externa de Colombia no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía”, afirmó el presidente Petro. A renglón seguido, explicó que la diferencia entre deuda pública bruta y neta “es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo”.
En su discurso, en el que intentó justificar la necesidad del mencionado decreto, el primer mandatario cuestionó al Banco de la República y al Congreso, señalando que impidieron una reforma que buscaba alivianar la situación.
El otro magistrado ponente
Igualmente, se definió al magistrado ponente para el estudio del tema relacionado con el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025 “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.
En este caso, por reparto será el magistrado Juan Carlos Cortés González el encargado de redactar la mencionada ponencia.
En dicho decreto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas señaló que con dicha medida se buscaba garantizar recursos para proteger derechos fundamentales, garantizar transferencias a la población más vulnerable, cumplir las vigencias futuras, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y asegurar los subsidios de energía eléctrica en los hogares del Caribe.
“Estamos cerrando un año de esfuerzos de equilibrio fiscal, fundamentalmente porque los ingresos tributarios no crecieron al ritmo que se habían planteado en las mesas originales del Gobierno para el Presupuesto General de 2025, y las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esas metas no se han logrado, no porque esté cayendo el ingreso tributario, sino porque no está creciendo al ritmo que se esperaba. La base sobre la cual se construyó el Presupuesto de 2025 tenía sobreestimada la generación de ingresos tributarios y eso impactó los resultados de este año”, explicó el ministro en esa oportunidad.
