MinJusticia saliente advierte que levantar mesas con grupos armados podría afectar la seguridad del país

El ahora exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló en exclusiva con SEMANA sobre el trabajo que hizo durante cinco meses al frente de la cartera, los retos que logró cumplir y las deudas pendientes que deberá afrontar el gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

Cuervo salió del Gobierno Petro después de pronunciarse sobre el estatus político de las disidencias de las Farc y la facultad del presidente de la República para nombrar notarios. Pocas horas después, advirtió sobre los riesgos que dejaría el levantamiento de las mesas de negociación que avanzan con distintos grupos criminales y le envió un mensaje al presidente De La Espriella.

SEMANA: ¿Cómo cierra estos cinco meses al frente del Ministerio de Justicia?

Exministro Jorge Iván Cuervo (J. I. C.): En este poco tiempo que estuve, que fueron exactamente cinco meses, en circunstancias, llamémoslas complejas, final de gobierno, periodo electoral, que alteró mucho, pues, como el mapa y el clima político para poder hacer las cosas con tranquilidad, creo que lo que me había propuesto, que era rematar algunas cosas que habían empezado anteriores ministros y dejar abiertas unas buenas conversaciones, se logró.

Lo de la jurisdicción agraria, que quedó en la Constitución y en la ley estatutaria. Faltó culminar la ley ordinaria, pero creo que eso se puede resolver en el segundo semestre en el Congreso.

El cambio de enfoque en la política de drogas creo que fue importante y el hecho de que finalmente se lograra con UNDC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) esa revisión de la metodología y especialmente el indicador de potencial de cocaína y que se publicara el informe de dos mil veinticuatro. En sustitución de cultivos, con el tema de erradicación manual de hectáreas de coca, que seguramente se va a acercar mucho a la meta que se había planteado con Estados Unidos en el último tiempo de 30.000 hectáreas.

Creo que eso fue importante y algunas otras cosas que se fueron conociendo, como por ejemplo, el decreto que se aprobó recientemente, en el cual las personas trans y binarias pueden cambiar de manera gratuita por una vez su registro civil, el decreto que permite, por ejemplo, los arbitrajes ejecutivos y otra serie de medidas que son muy de las políticas de desarrollo legal y normativo que también son responsabilidad del Ministerio.

SEMANA: ¿Cómo manejó la tensión entre el presidente Petro y las altas cortes?

J. I. C.: Yo creo que en estos cinco meses también, por lo menos en lo que tiene que ver con el ministerio, hubo buena relación con las altas cortes y con la Fiscalía. En medio de la turbulencia y la discusión política, nos hemos reunido varias veces con ellos, conversamos, tuvimos proyectos conjuntos con el Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, les entregamos el Protocolo de Discapacidad para el Acceso a la Justicia y, en general, fue una relación armónica. Yo creo que eso fue importante, que por lo menos en el sector justicia las cosas terminaron tranquilas.

Jorge Iván Cuervo duró solo cinco meses al frente del Ministerio de Justicia. foto Colprensa. Foto: El País

SEMANA: ¿Qué le quedó faltando?

J. I. C.: Me quedó faltando, eso sí, una reunión que le propuse al Presidente con los tres presidentes de las Altas Cortes y del Consejo Superior de la Judicatura. Él me dio luz verde, alcancé a hablar con el presidente de la Corte Suprema, me dijo que también, pero pues ya no voy a estar y no alcanzo a gestionarla, pero yo creo que sería bueno que se diera esa reunión. En materia de política carcelaria, creo que se gestionó la crisis.

En últimas, los ministros terminamos gestionando crisis; se gestionó en términos legales bien, por supuesto con problemas como el famoso tema de las cárceles, como el tema de la extorsión desde cárceles, que se redujo con un decreto que se produjo en el Ministerio para inhibición de señal y de SIM cards en conjunto con los operadores.

SEMANA: Entonces, ¿qué falta para controlar el crimen carcelario?

J. I. C.: Yo creo que se necesita sentarse a pensar en una reestructuración muy fuerte de la política penitenciaria. Un plan a 10 años de modernización de infraestructura y tecnológica. Nuestras cárceles, la mayoría son viejas, de primera generación; hay que invertir mucho, hay que incorporar a los entes territoriales, especialmente a las alcaldías grandes que tienen recursos, para que hagan cumplimiento de la Corte Constitucional sobre las cárceles para detención preventiva y desocupar los centros de detención transitoria que están en las estaciones de policía, en URI y demás.

SEMANA: ¿Durante su administración la justicia llegó a los territorios?

J. I. C.: En temas relacionados con acceso a la justicia, volvimos al territorio y yo estuve prácticamente en casi todos los departamentos que no son del oriente, salvo en tres, viendo las casas de justicia, viendo los sistemas locales de justicia, haciéndoles ver a las alcaldías, a las gobernaciones, que este tema también es muy importante incluso en términos de seguridad.

Es lo que llamamos la conflictividad social, la riña, la intolerancia, la pelea entre vecinos, la violencia intrafamiliar, que muchas veces no llega al sistema de justicia, y ahí hay que afinar esos servicios locales de justicia, muchos de los cuales están en las casas de justicia, en las cuales el Ministerio tiene una responsabilidad.

SEMANA: ¿Cómo funciona el Plan Decenal de Justicia en el que usted venía trabajando?

J.I.C.: El Plan Decenal de Justicia, que es 2028-2038, se dejó un plan de acción de aquí hasta el 2028 para que las entidades que hacen parte del sistema, o sea la Rama Judicial, el Ministerio (de Justicia), la Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, trabajen de tal suerte que en el 2028 empiece el Plan Decenal. En eso debería dedicarse el próximo gobierno y el Ministerio (de Justicia), específicamente, en el segundo semestre y todo el año entrante.

Todo lo que quisiera hacerse en materia de mejorar la justicia, en términos de disminuir la congestión, en términos de mejorar la eficacia de las decisiones, en términos de más cobertura, eso se va a hacer en el Plan Decenal. Y eso se había venido un poco a menos en el último tiempo y este gobierno recuperó eso y yo tuve la fortuna de poder llegar a rematar ese documento que ya quedó listo.

SEMANA: ¿Cuál es su balance frente a las extradiciones durante el Gobierno Petro?

J.I.C.: En materia de extradiciones, este gobierno batió récord, lo que hace de Colombia un socio confiable en la lucha civil-nacional contra el narcotráfico. Eso es, a grandes rasgos, los temas que se pudieran hacer en estos cinco meses. Afortunadamente, con un buen equipo en el Ministerio, al cual me tuve que adaptar porque yo no pude llevar a nadie, y todo el tiempo con el respaldo y el apoyo del Presidente, que en eso, desde el primer día, me dio luz verde para que yo desarrollara esa agenda técnica y lo hice hasta cuando estuve.

SEMANA: ¿Por qué considera importante esa reunión que le quedó pendiente entre el presidente Petro y los presidentes de las Altas Cortes?

J. I. C.: Yo creo que enviar un mensaje de normalidad institucional, de que en medio de las discusiones políticas que fueron a veces bien agrias, existiera un gesto de armonía institucional. Yo se lo propuse al presidente y él estuvo de acuerdo. Eso es lo que me iba a poner a hacer estos días, que terminaban elecciones y eso, terminar de hablar con los presidentes de las Altas Cortes y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura para una reunión, porque yo creo que era un buen mensaje de armonía institucional.

El presidente de la Corte Suprema dijo que le parecía interesante y hasta ahí llegué. Pero yo creo que esa es una buena idea, que valdría que el gobierno la retomara y, desde la misma Presidencia, promover una reunión sería bueno; yo creo que sería un buen mensaje para el país.

SEMANA: ¿Qué consejo le daría a la superintendente de Industria, Cielo Rusinque, quien quedó encargada del Ministerio de Justicia tras su salida?

J. I. C.: Ella va a recibir el 31 de julio el informe de la Comisión de Reforma a la Justicia. Ella hacía parte de la comisión como Superintendente de Industria y Comercio, porque la superintendencia es de esas entidades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales. Ella fue a la reunión inicial y después tuvo una delegada, de tal suerte que ella conoce eso, conoce la importancia.

Yo creo que podría trabajarse en tres cosas importantes: Una, dejar un componente de justicia en el Plan de Desarrollo del próximo gobierno. El plan de este gobierno rige hasta mayo del año entrante y sería muy bueno que algunas de las cosas buenas que se están haciendo sean recogidas por el próximo gobierno en el Plan de Desarrollo, como dejar listo el documento del Plan Nacional de Política Criminal que debe ser adoptado mediante COMPES en el segundo semestre en la Dirección Nacional de Planeación.

Dos, sería importante sentarse con la Oficina del Alto Comisionado (para la Paz) y con los congresistas que han movido el tema para presentar un marco jurídico para la paz, un marco jurídico que no alcanzó a tener un debate en este periodo y en el cual hay borradores y documentos; mejor dicho, que no se empieza de cero. Creo que si se ponen a la tarea en estos días, antes de que se vaya el gobierno, se puede radicar ese tema.

Tres, el próximo viernes hay una reunión en Pereira sobre el encuentro nacional de Casas de Justicia, sería muy interesante para que ella pudiera conocer de primera mano cuál es el rol que tienen las Casas de Justicia, el rol que tiene la justicia local y con esa información trabajar con su equipo en el Ministerio en dejar bien planteado un programa de Casas de Justicia a cuatro años,

SEMANA: ¿Su salida del Gobierno Petro se dio por los cuestionamientos que usted hizo sobre el estatus político de las disidencias de las Farc y la facultad del presidente de la República para nombrar notarios?

J. I. C.: Es razonable pensar que sí, por los debates que se han dado, pero yo hablé con el presidente hasta el día viernes (10 de julio) pasado porque teníamos que revisar unos decretos, unas extradiciones, y hasta último momento hablamos en términos muy cordiales, nunca me habló del tema; ya me había pedido la renuncia el 6 de abril y me la aceptaron hoy. Nunca hablamos del tema, yo nunca le pregunté porque yo respeto los fueros del presidente y él está en su derecho de decidir hasta cuándo lo acompaña uno como ministro.

Yo desde el primer momento dije: ‘Sería apoyo a la paz, apoyo a las negociaciones; yo en estricto sentido no tengo responsabilidad sobre eso, eso es de la oficina, pero como Ministerio yo sí llamo la atención sobre la necesidad de tener un marco jurídico o un marco de sometimiento que hubiera permitido el avance de las negociaciones o tuviera mayor certidumbre jurídica’.

Esa es mi única preocupación: en las mesas no saben qué va a pasar a partir del 6 de agosto, si se van a levantar todas las órdenes de captura, si se tienen que levantar todas las mesas, si algunas personas podrían ser extraditadas en un momento determinado. Esa incertidumbre se hubiera resuelto con un marco jurídico y eso hubiera ayudado a la negociación. Yo creo que un levantamiento abrupto de todas las mesas, como de alguna forma ha anunciado el gobierno entrante, puede ser muy, muy problemático en términos de seguridad.

SEMANA: El gobierno entrante le dio un plazo de un mes a los grupos armados para que se sometan, ¿qué tan viable ve esa propuesta?

J. I. C.: Yo no creo que eso se pueda hacer en un mes; yo creo que el gobierno podría tomarse perfectamente todo el semestre para tramitar en el Congreso una Ley de Sometimiento y, al final del semestre, con ese marco jurídico aprobado, ya proponerles a los distintos grupos cuáles son las distintas opciones, pero se justificaría levantar todas esas mesas, levantar las órdenes de captura; yo creo que no. Una cosa es cuando uno está haciendo política, y otra cosa es cuando ya tiene que gobernar y tiene responsabilidades, y las decisiones pueden tener costos en términos de seguridad; valdría la pena que se tomara ese aire.

SEMANA: ¿Y sobre la polémica que se armó con el tema de las notarias?

J. I. C.: Frente al tema de notarías, yo lo que dije es que sería ideal que primero que todo, que hubiera concurso notarial, pero ante la falta de concurso notarial, que incluso está suspendido por el Consejo de Estado, lo ideal sería movernos a un escenario en que un cuerpo técnico, colegiado, con una serie de criterios, tuviera una lista de elegibles, y esa lista de elegibles, ya no importa quién los nombre, si el Ministro de Justicia, si el Presidente.

Pero como eso no existe, entonces siempre queda la duda de que esas decisiones de nombrar notarios en provisionalidad, o en encargo, en interinidad, están mediadas por motivaciones políticas. Yo creo que las notarías son importantes; las notarías, por ejemplo, reflejan la dinámica económica a través de escrituraciones y compras de inmuebles, y los ciudadanos necesitan eso, necesitan resolver los problemas de identidad, de registro civil, de matrimonios, de declaraciones, de uniones maritales de hecho. Tendríamos que movernos a un escenario ideal de concurso, de carrera notarial, pero mientras eso se da, sería bueno blindar eso políticamente con criterios objetivos.

SEMANA: ¿Esas declaraciones pudieron generar incomodidad al interior del Gobierno del que usted hacía parte?

J. I. C.: No sé si esas declaraciones que yo di como consecuencia del aprendizaje que he tenido en estos cinco meses sobre las notarías hayan incomodado, porque nadie me lo ha dicho; todas son especulaciones e interpretaciones que se han dado, sobre todo en medios.

SEMANA: ¿Considera que la falta de bases jurídicas fue el primer error de la iniciativa de paz total que ha impulsado el Gobierno?

J. I. C.: No, yo no creo. Yo creo que la apuesta de paz total como política es una apuesta valiosa, audaz, de tratar de negociar con todos los actores armados ilegales, unos con un estatus más político, por decirlo así, y otros con un estatus más estrictamente delincuencial. Fue una apuesta importante; yo he dicho que la salida a negociar al conflicto armado, el Estado colombiano lo viene intentando desde hace mucho tiempo, se hizo en los ochentas, y mire usted que el M-19 y el presidente Petro vienen de un proceso de negociación.

De tal suerte que lo más coherente en él es favorecer la negociación; sería incoherente no hacerlo. Luego se hizo más adelante también en los gobiernos de Uribe, por ejemplo, la salida con las autodefensas; luego Santos lo intentó también y lo logró con las FARC, y durante los distintos gobiernos ha habido negociaciones parciales con parte del EPL, con parte del ELN, la corriente de renovación socialista y otros grupos que se han dado.

La salida a negociar siempre está ahí como agente; yo creo que esa puerta no se debe cerrar, ni siquiera debería cerrarla el próximo gobierno. Lo que digo yo es que si hubiera tenido rápidamente un marco jurídico, eso hubiera dado certeza, y eso le hubiera ayudado a las negociaciones, pero las negociaciones, el sustento jurídico de las negociaciones, siempre fue la ley de paz total, que es la prórroga de la llamada ley de orden público.