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| 12/16/2017 10:24:00 PM

Musa y Ñoño: de senadores a delatores

Con los jugosos beneficios que pueden recibir ahora los congresistas procesados, van a encenderse varios ventiladores que pueden sacudir al país. Los primeros serán los dos grandes caciques del Partido de la U.

Ñoño Elias y Musa Besaile: De senadores a delatores Musa y Ñoño: de senadores a delatores

Ni siquiera en el momento de mayor efervescencia de la parapolítica, cuando la Corte Suprema de Justicia llegó a tener a cerca de 60 congresistas procesados penalmente, ninguno de estos consideró resolver sus procesos aceptando cargos a cambio de obtener beneficios judiciales. Todos –culpables e inocentes– optaron por afrontar el largo calvario de un juicio común, y la mayoría resultó condenada. Ese escenario cambió esta semana con el rol estelar de dos peces gordos encarcelados, los senadores Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

Hay una razón crucial para que antes ni aún los congresistas con los peores líos pensaran en resolver sus expedientes de forma expedita: la falta de mayores incentivos. Los parlamentarios, dado su fuero especial, son procesados por la Corte Suprema a través de la Ley 600. Y esta norma contempla un paquete limitado de beneficios para los procesados que colaboren con la justicia. En esencia ofrece dos gabelas máximas: la detención domiciliaria y la rebaja de hasta una cuarta parte de la pena.

En contraste con esa situación, los no aforados, es decir, el resto de los colombianos, están sometidos a los jueces normales mediante el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que sí ofrece múltiples y atractivos beneficios para quienes hagan un aporte eficaz a la justicia. Los favorecimientos van desde detenciones en lugares especiales, rebajas de pena más significativas, la exoneración parcial e incluso la inmunidad total. Todo depende de qué tan valiosa sea la colaboración.

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Pues bien, la Corte Suprema de Justicia acaba de dar un paso sin precedentes en la historia judicial del país, que podría hacer que en breve surjan expedientes paradigmáticos como el proceso 8000. La alta corporación dio luz verde para que los congresistas procesados puedan obtener todas las gabelas que contempla el sistema acusatorio, siempre y cuando también revelen sus mayores secretos.

El caso del senador Musa Besaile propició el viraje. Hace dos semanas su abogado defensor, Jaime Granados, consultó formalmente al magistrado instructor de ese expediente en la corte, el togado Luis Antonio Hernández, hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Poder Judicial en un intercambio de trascendental información por beneficios. El magistrado analizó el tema y elaboró una ponencia que terminó aprobada por el pleno de la Sala Penal. La corte concluyó que frente a “entramados complejos de corrupción como ocurre con la llamada corrupción política” es válido aplicar hasta los máximos beneficios penales que contempla la ley. Y quedó así abierta la posibilidad para que en adelante congresistas y demás aforados acudan al Palacio de Justicia con la camiseta de delatores.

Una vez la corte dio luz verde a Musa, el dato corrió como pólvora en el patio Ere Sur de La Picota, en Bogotá, donde permanecen detenidos unos 30 peces gordos entre congresistas, empresarios, juristas y exfuncionarios de alto nivel. De hecho, el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien comparte patio con Musa en ese pabellón, no tardó en levantar la mano para comenzar una negociación. Ahora muchos se preguntan qué van a poner sobre la mesa los dos mayores electores del Partido de la U, protagonistas de los grandes escándalos del año, para concretar un acuerdo con la Corte Suprema.

¿Qué cantarían Musa y Ñoño?

En las próximas semanas los abogados de estos senadores presentarán a la corte su “matriz de colaboración”. Es decir, un documento en el que enunciarán los temas y los nombres sobre los que están dispuestos a hacer delaciones, y los favorecimientos a los que aspirarían a cambio. Está cantado que pedirán inicialmente que los trasladen a guarniciones militares o cualquier otro lugar con mayor seguridad que las cárceles. Al Ñoño le preocupa ese punto particularmente, pues hace poco más de un mes, tras dejar entrever su interés en colaborar con la justicia, lo trasladaron a un patio de baja seguridad, lo que interpretó como una clara amenaza.

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A Musa Besaile lo capturaron hace dos meses luego de admitir que en 2015 pagó 2.000 millones de pesos por salir bien librado de una investigación de la Corte Suprema por parapolítica. Lo detuvieron como consecuencia directa del desplome del llamado cartel de la toga, sobre el cual el exfiscal Gustavo Moreno hace rato tomó la voz cantante al señalar de ser jefes de la banda a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y a una decena de congresistas, como Besaile, de haber sido clientes.

El senador Besaile ha insistido en que pagó los 2.000 millones como “víctima de extorsión”. La corte ya rechazó ese argumento por falaz, así que el político podría poner sobre la mesa, en un escenario de negociación, su verdad acerca del cartel de la toga.

Besaile conoce también, como pocos, las entrañas del llamado desfalco de Córdoba, de cuantía total aún por establecerse, expresado en el robo de las regalías para ciencia y tecnología, el cartel de la hemofilia y la malversación de recursos de los programas infantiles. El senador Besaile tiene más votos que cualquiera en el norte del país y su influencia resultó determinante por lo menos en las últimas tres gobernaciones. Basta decir que su hermano Edwin Besaile (también investigado) es el actual gobernador de Córdoba.

Por otra parte, el nombre del senador también figura en el escándalo de Odebrecht. Según la hipótesis de la Fiscalía, Besaile cuidó los intereses de la multinacional en proyectos de infraestructura a cambio de jugosas coimas, junto con otros parlamentarios. Pero si hay alguien clave para revelar los episodios aún oscuros del escándalo de Odebrecht es justamente Bernardo ‘Ñoño’ elías.

El Ñoño, según varios implicados, coordinó a los congresistas que actuaron a favor de Odebrecht y tuvo un papel clave para acelerar y resolver asuntos cruciales para la multinacional. De hecho, Elías ya dijo en una declaración jurada ante la Fiscalía, el pasado 20 de septiembre, que “Mi interés en ese contrato (la concesión Ruta del Sol) era ayudarle a los de Odebrecht que sacaran rápido los otrosí Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel Santos, periodo 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta. No sé si el presidente sabía o no”.

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Como se sabe, los tentáculos de Odebrecht en las campañas de las pasadas elecciones presidenciales constituyeron uno de los coletazos más sonoros de este escándalo. Hasta ahora se sabe que tanto en la campaña de Santos como en la de Óscar Iván Zuluaga entró plata de la multinacional. De hecho, ese lío hizo inviable a Zuluaga como candidato del Centro Democrático para las elecciones próximas. El asunto, como se anticipaba, no tuvo resultado concreto alguno en el Consejo Nacional Electoral porque venció el plazo para investigar las infracciones electorales, pero si eventuales delaciones a futuro dieran cuenta de delitos penales, entonces probablemente el país se estremecería con una hecatombe política.

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