El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tuvo una nueva imputación de cargos por un colegio agrícola, pagado con recursos de regalías y por más de 20.000 millones de pesos, que nunca entró en funcionamiento.

La Fiscalía confirmó que se realizó una imputación de cargos en contra del exgobernador por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, como presunto responsable de las irregularidades detectadas en ese proyecto educativo que una comunidad se quedó esperando, y por el que se invirtieron 21.000 millones de pesos.
“La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno”, advirtió el ente acusador.
La Fiscalía aseguró que Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.
“Aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, en octubre de 2023 solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada. Luego se efectuó un pago de 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra”, explicó la Fiscalía.
El exgobernador no aceptó los cargos que imputó la Fiscalía pero durante la audiencia explicaron que la obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recopilados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. Para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.
“La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto”, señaló el ente acusador.
Con los elementos de prueba, la Fiscalía espera llevar al exmandatario a un escenario de juicio y solicitar una condena en su contra por hechos de corrupción.
