Once años después de la caída de Interbolsa reina la impunidad: Solo una de mil víctimas ha sido reparada. Colaboración de implicados se cayó

De la noche a la mañana el caso InterBolsa pasó al olvido. El que fuera considerado el mayor escándalo bursátil en la historia del país dejó de acaparar titulares de prensa y discusiones jurídicas. Hoy, después de once años de la intervención a la mayor comisionista de bolsa de país, las víctimas, que se cuenta por miles, siguen esperando recuperar una mínima parte del dinero que invirtieron y el cual fue malversado por los comisionistas.

Sin embargo, todo parece indicar que cada día que pasa estas esperanzas se desvanecen. Además de las demoras en la resolución de los procesos penales, la complejidad del mundo de las comisionistas de bolsa ha afectado los intereses de aquellos que una vez vieron en esta reputada empresa la mayor opción de aumentar su capital y poder garantizar su futuro.

Recientemente recibieron la peor noticia, un juzgado administrativo de Bogotá declaró la caducidad del incidente de reparación integral en los procesos contra Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárate y Ricardo Emilio Martínez Gómez, dos de las cabezas más importantes de la cúpula del Fondo Premium de InterBolsa.

Esta inadmisión, en palabras simples, señala que se superar los términos que establece la ley para realizar el respectivo trámite de reparación. Fuentes cercanas aseguraron que con este tipo de fallos las posibilidades de recuperar el dinero son casi nulas. En el papel, lastimosamente, queda en evidencia que solamente una persona de mil podrá recuperar lo que hace más de una década entregó buscando una rentabilidad.

El juzgado consideró que las demandas de reparación se presentaron de manera tardía. Sin embargo, las fuentes allegadas revelaron que por lo novedoso y complejo del asunto fue difícil recopilar toda la evidencia para certificar el tiempo, modo y lugar en el que entregaron el dinero a la comisionista de bolsa ubicada en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

A esto se le sumó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme el aumento de la condena a 122.2 meses de prisión –o lo que es lo mismo diez años y un mes- de Ricardo Emilio Martínez Gómez pese a reconocer, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de estafa agravada y masiva, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios y concierto para delinquir. En la misma determinación se le quitó el periodo de prueba y se ordenó que cumpliera su sentencia en prisión domiciliaria.

De nada sirvió la tutela radicada por la defensa de Martínez en la que alegó la vulneración de los derechos al debido proceso. “Ricardo Emilio Martínez Gómez no demostró que se configure alguno de los defectos específicos atrás citados, que estructuren la denominada vía de hecho, es decir, no acreditó que la providencia reprobada, esté fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados”, señala el fallo conocido en exclusiva por SEMANA.

Esta situación complicó más la posición de Martínez Gómez de colaborar con las autoridades, reconociendo que pese a la información que había entregado sobre la conformación de sociedades en los denominados paraísos fiscales (Panamá, Curazao e Islas Vírgenes); así como la inversión de los dineros de los socios del Fondo en negocios y el pago de deudas personales.

El considerado “delator” de InterBolsa ha preferido dar un paso al costado en su proceso de colaboración pues se siente castigado por la justicia pese a la entrega de información desconocida sobre todas las acciones que se adelantaron en la comisionista de bolsa creada por Rodrigo Jaramillo.

Por el momento, hay más dudas que certezas frente a la forma en cómo se podrá recuperar el respectivo dinero. Muchas de las víctimas, con el dolor del alma, han preferido dejar de reclamar y seguir con su vida. Mientras que otras ven que mientras pasan los días el escándalo pasa a un segundo o tercer plano para la Fiscalía General que no se ha molestado en ayudarlos para la recuperación de sus inversiones, muchas de ellas, los ahorros de toda una vida.