El Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas indeminzar con 2.059 millones de pesos a los propietarios del predio La Esperanza, en jurisdicción de Agustín Codazzi, Cesar, luego de establecer que fueron obligados a abandonarlo en 1993 por amenazas de grupos armados al margen de la ley.
En el mismo fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras se ordenó transferir la finca, de aproximadamente 600 hectáreas, al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, para que a su vez haga entrega de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) a 18 personas reconocidas como segundos ocupantes del terreno, quienes junto con sus familias vivieron en el predio con autorización de los propietarios y fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2001 y 2002.
Además, el documento precisó que cada UAF deberá incluir un proyecto productivo que garantice el acceso a la tierra y el mínimo vital de los segundos ocupantes. Así mismo, se aclaró que de la extensión total de la finca se deberán descontar 32 hectáreas que fueron restituidas a un tercero debidamente acreditado.
En cuanto a los propietarios del terreno, el tribunal estableció que desde su desplazamiento adelantaron un proceso de venta ante el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) para que fuera adjudicado a campesinos de la región.