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Por 14 papeletas de bazuco perdieron casalote y ahora allí vivirán 400 familias

Un inmueble avaluado en $3.500 millones, al servicio del microtráfico en Boyacá, se convertirá en la opción de vivienda de alrededor de 1.600 personas. ¿Cómo lo lograron?

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3 de abril de 2022 a las 2:49 p. m.
Se espera que a mediados de julio se amplíe la oferta de vivienda en Duitama, Boyacá.
Se espera que a mediados de julio se amplíe la oferta de vivienda en Duitama, Boyacá. Foto: Suministrada a SEMANA

Una familia boyacense arrendó un gran predio y este se convirtió en un expendio de drogas, por lo que la Fiscalía declaró extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tenía los derechos sobre el terreno que durante casi una década permaneció inactivo. La alcaldía de Duitama, que no contaba con terrenos para vivienda de interés social, gestionó para que le donaran el predio.

“Ahora, alrededor de 400 familias podrán cumplir el sueño de tener vivienda propia”, dijo el arquitecto Andrés Cely, director del Fondo de Vivienda Obrera de Duitama, Boyacá, quien fue el articulador de la adjudicación del terreno, tras múltiples reuniones de índole nacional. El lote tiene once mil metros cuadrados y dejó de ser un foco de delincuencia a una oportunidad de mejorar condiciones de vida a los habitantes del municipio.

La SAE donó terreno de 11.000 metros cuadrados para solución de vivienda
La SAE donó terreno de 11.000 metros cuadrados para solución de vivienda Foto: Suministrada a SEMANA

Los dueños originales perdieron el predio por 14 papeletas de bazuco y cocaína.

En 2008 la comunidad denunció ante la Policía Nacional que en la casalote estaban vendiendo sustancias alucinógenas desde hacía un año y que eso ponía en riesgo la salud publica de la región. Así que investigadores del caso allanaron la vivienda, pero al parecer los habitantes de la construcción alcanzaron a esconder parte de la mercancía ilegal. Sin embargo, las autoridades alcanzaron a encontrar 14 papeletas entre bazuco y cocaína, suficientes para demostrar ante la fiscalía el delito relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Es de aclarar que los habitantes de la casalote no eran los propietarios y pagaban arriendo desde hacía un año. La ley colombiana estipula que los inmuebles que son utilizados para cometer ese tipo de ilícitos quedarán bajo el dominio del Estado y este caso no sería la excepción, por más que la dueña del lote argumentó que lo arrendó por problemas de salud que la obligaron a mudarse de ciudad, que era viuda y la única herencia para sus hijos.

Perdieron el predio por no fijarse a quién se lo arrendaban

Lo que muchos desconocen es que es obligación para el propietario de un predio que este sea utilizado de manera legal. De lo contrario, también estaría sacando provecho económico de las actividades ilícitas, pues quien paga la mensualidad recibe sus ingresos de actividades al margen de la ley.

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Luego de un largo proceso jurídico, la Fiscalía logró demostrar por testigos y otro material probatorio que la dueña del predio no tuvo interés en dejar su propiedad en cuidado de alguien idóneo, pues al momento de arrendar no pidió recomendaciones ni antecedentes de los arrendatarios. Tampoco mostró interés frente a la alerta que realizaron sus vecinos de lo que ocurría en su propiedad, razón suficiente para que la perdiera.

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Desde 2016, los once mil metros cuadrados estaban en poder de la SAE, pasaron varias administraciones y solo hasta este año –seis años después–, tras unas elecciones atípicas de alcalde, la nueva administración gestionó que el terreno fuera donado, luego de ver las pocas posibilidades que existían para construir vivienda de interés social.

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¿Cómo podrán acceder los boyacenses a una vivienda en ese lote?

En este momento el municipio está en registro del lote y en los próximos dos meses se adelantará la convocatoria de licitación para encontrar un aliado estratégico. Se espera que en julio las familias puedan empezar a aplicar a los beneficios de vivienda de interés social y prioritario. “Se les dará prelación a las familias con miembros de condición de discapacidad y a madres cabezas de hogar”, según manifestó Andrés Cely en su calidad de director del fondo de vivienda.