La Sala Especial de Primera Instancia con ponencia del magistrado Ariel Torres condenó al representante a la Cámara Gustavo Hernán Puentes, acusado por el delito de tráfico de influencias de servidor público. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió la condena contra el congresista de Cambio Radical, a una pena de 5 años y 7 meses de prisión, al encontrarlo responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
El fallo señala que Juan Carlos Restrepo, exdirector nacional de Estupefacientes, “allegó copia de la denuncia de 27 de enero de 2011, signada por “trabajadores de la planta inmunizadora de Maderas del Oriente”, quienes señalaron que Puentes Díaz utilizó indebidamente y en provecho propio sus influencias derivadas del ejercicio como representante a la Cámara para designar depositarios (de) provisiones a dos personas en dos resoluciones”.
Según la sentencia, “Puentes Díaz usó su cargo de congresista entre 2008 y 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos”.
Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.
A cambio de esa gestión, el representante a la Cámara obtuvo beneficios económicos y políticos. “Manifestación de ese poderío fue su intromisión interna en el establecimiento comercial, la financiación de una reunión proselitista a su favor (2009) y la realización de campaña política en respaldo de su candidatura de 2010 a cambio de la estabilidad laboral, hechos posteriores a los nombramientos de los cuales se colige que al momento de ejercer la influencia para las designaciones (de los depositarios) sabía que su comportamiento era indebido en tanto se aprovechó del cargo”, señala el pronunciamiento del Alto Tribunal.
La Corte también determinó que el excongresista actuó con dolo, pues tenía conocimiento de que estaba ejerciendo influencias contrarias a la ley.
“De su profesión y experiencia, en especial la desarrollada en la Asamblea Departamental y el Congreso de la República, se colige no solo que contaba con los conocimientos para diferenciar una recomendación de una influencia indebida, sino que sabía que al nombrarlos a espaldas del trámite legal y sin cumplir los requisitos exigidos, actualizaba los elementos del delito. Dada su cercanía con los depositarios, sabía que no tenían la experticia en el manejo de sociedades comerciales y que no habían pasado por una convocatoria previa, ni estaban en lista de elegibles”, señala el fallo.