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| 5/12/2018 9:15:00 PM

5 puntos que explican por qué la paz está al límite

Estos cinco temas tienen en el borde del abismo o del éxito –si se corrigen– al proceso de paz con las Farc.

Problemas en la implementación de los acuerdos 5 puntos que explican por qué la paz está al límite

El pesimismo sobre la paz crece cada día. Esto no quiere decir que todo va rumbo al fracaso, sino que se necesitan acciones urgentes que rescaten el proceso. “La implementación va bien. Ha tenido problemas, ha tenido retrasos, pero va bien”, dijo el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada. Sin embargo, aunque el pronóstico no es catastrófico, sí es reservado.

El nivel de implementación, a la fecha, es comparable al nivel medio de progreso de otros acuerdos. Lo cierto es que el actual y el próximo gobierno deben enfrentar y solucionar varios retrasos para garantizar la paz.

1 Reincorporación, futuro incierto

Que los excombatientes tengan una vida digna después de que dejaron las armas no es cuestión de privilegios, sino el primer paso para estabilizar las zonas de conflicto y abrirle camino a la pacificación. Aunque el gobierno ha alcanzado objetivos importantes como la certificación de los miembros de las Farc, la apertura de cuentas de ahorros, el acceso a subsidios y la afiliación al sistema de salud, se quedó corto con los proyectos a largo plazo.

Entorpecen su proceso los atrasos en las obras de infraestructura en los espacios territoriales, donde todavía tienen limitado acceso al agua, luz y baños; igualmente, las dificultades en la suspensión de las órdenes de captura, la aplicación de la Ley de Amnistía y la demora en el aterrizaje de proyectos productivos. Pero no son las únicas dificultades. La falta de garantías de seguridad también es una amenaza constante. Crece el número de excombatientes asesinados a manos del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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Aunque el gobierno ya reglamentó el acceso a la tierra, sigue siendo una de las principales talanqueras. Los excombatientes tendrán que pararse en la fila junto a 800.000 familias que llevan años esperando por una parcela. Por eso, aparecieron 40 asentamientos –en terrenos baldíos o alquilados– cerca de los 26 puntos donde alguna vez estuvieron concentrados. Pese a los obstáculos, hay 120 iniciativas productivas y sociales impulsadas por la comunidad internacional y sectores privados. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha comenzado a facilitar la venta de productos en La Guajira, Cesar, Caquetá, Putumayo y Antioquia.

2 ¿Fracasa la sustitución?

Briceño aún no ha sido declarado libre de coca. Aunque en julio de 2016 esta vereda antioqueña se convirtió en la primera experiencia para poner en marcha la sustitución de cultivos, la comunidad todavía no ve la economía legal. Aunque se han sembrado algunas hectáreas de cacao en muchos casos la maleza reemplazó los grandes sembrados arrancados voluntariamente por los campesinos. Las 11 veredas que se vincularon al proyecto reciben sin falta la mensualidad prometida durante el primer año, pero no el respaldo para poner a andar proyectos de ciclo corto e ingreso rápido que mejoren su calidad de vida.

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Cerca de 69.129 familias se subieron al bus de la sustitución en todo el país. En 13 departamentos los cultivos lícitos comenzaron a competirles a 146.000 hectáreas para 2016. Sin embargo, 5 puntos claves siguen atravesados: la sostenibilidad fiscal de la intervención, el lento aterrizaje de bienes públicos, la protección de las comunidades, la falta de articulación institucional y los esfuerzos para evitar la formación de clientelismos. Para las comunidades, la intervención se reduce a la entrega de beneficios económicos sin cambios de fondo y sin que aún el gobierno haya sacado adelante la ley de tratamiento penal diferenciado que blindaría judicialmente a los pequeños cultivadores.

Avanza la larga historia de un paso adelante y dos atrás en materia de drogas. Los cultivos crecen porque los sistemas de erradicación, a las buenas o a las malas, no son eficaces ni consistentes en las regiones. El costo de estos errores tiene un impacto directo en el aumento de áreas sembradas y en el descrédito y la desconfianza.

3 La JEP, en busca de legitimidad

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) algunas cosas tampoco están saliendo bien. Hay retrasos en la arquitectura normativa: a 15 días de la primera vuelta electoral, falta la revisión de la Ley estatutaria en la Corte Constitucional y el visto bueno del Congreso a las normas de procedimiento. Pero si afuera llueve, adentro no escampa. Las tensiones internas entre la presidenta del tribunal y el secretario ejecutivo saliente retrasaron los procesos e incentivaron la desconfianza.

Los magistrados están involucrados de lleno en crear el andamiaje del nuevo tribunal por los próximos 15 años. Hay comités étnicos, territoriales, de género e infraestructura, además del órgano de gobierno. Es decir, por ahora están trabajando más en las minucias que en su función judicial. Además, el órgano judicial enfrenta un dilema crucial. Aunque se creía superada la discusión sobre quiénes podrán acceder a los beneficios de la JEP, esta semana quedó claro que las cosas no son así. El portazo a David Char y Álvaro Ashton reavivó el debate sobre la participación de terceros. No están muy definidos los linderos y eso solo se resolverá cuando los casos lleguen a apelación, lo que tardará un tiempo.

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A este escenario también se suman los vacíos acerca de las acciones reparadoras espontáneas que puedan hacer los sancionados en favor de las víctimas. Esto, con miras a impulsar los procesos sin tener que esperar los años que tarde la primera sentencia. Por eso, muchos expertos sienten que la falta de claridad expone a los sancionados a perder los beneficios que adquirieron cuando se sometieron a decir la verdad, a no seguir delinquiendo y a reparar a las víctimas.

4 Reforma rural a fuego lento

Quedó claro en los seis años de negociación entre el gobierno y las Farc que el problema agrario ha incidido en la persistencia del conflicto armado. Aunque resolverlo es esencial para construir una paz estable y duradera, el tema parece estar más cerca de hundirse que de salir a flote. La propuesta integral de desarrollo rural con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad, pende de un hilo y alimenta una historia de fracaso de normas que buscan solucionar la concentración, el despojo o la informalidad del campo.

Pese a que se han consolidado 85 pactos comunitarios alrededor de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), todavía es incierto el final del Decreto 902, que le da rienda suelta a la reforma y está en revisión de la Corte Constitucional. Se trata de un mapa de ruta para la Agencia Nacional de Tierras: 1) Pone en marcha el Fondo de Tierras para que el Estado entregue 3 millones de hectáreas. 2) Define a los beneficiarios de la reforma agraria. 3) Crea un registro para formalizar a los beneficiarios. 4) Unifica las formas de acceso a las tierras. Y 5) permite la entrega de títulos a personas que están en reservas forestales y llevan años esperando.

Pero este no es el único tema pendiente del primer punto aprobado en La Habana. El catastro multipropósito con el que, se buscaba ordenar el territorio, conocer como está distribuida la tierra y quiénes son sus dueños legítimos tampoco ha podido ver la luz. Aunque se enfoca principalmente en contribuir a la formalización y la seguridad jurídica del derecho de la propiedad, difícilmente podrá terminar su trámite en el Congreso antes de que termine esta legislatura.

5 Golpe mortal a la política

Marchita terminó la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en su primera contienda electoral. El aterrizaje político de la Farc, uno de los puntos que más avanzaron de la implementación, perdió ritmo en el último mes. El primer coletazo llegó con la captura de Jesús Santrich, acusado por narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz. La decisión de la Fiscalía despertó una ola de pánico en el nuevo partido, que no solo llevó a Iván Márquez a refugiarse en Miravalle (Caquetá), sino también a declinar su posesión como congresista el próximo 20 de julio.

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