Procuraduría pidió a la JEP dar respuesta a 15 solicitudes de acreditación de víctimas que están en el limbo, algunas desde 2021

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responder las 10 solicitudes de inscripción individuales y cinco colectivas presentadas por víctimas, que consideran deben ser acreditadas en el macrocaso 04: Situación territorial, de la región de Urabá, y que aún no han obtenido respuesta de la Jurisdicción.

En su comunicación, el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, aseguró que, según información entregada por las víctimas, durante su visita a Urabá, dichas solicitudes de acreditación como intervinientes especiales se encuentran a la espera de una decisión, algunas de ellas desde 2021 y otras fueron formuladas en 2022, sin que a la fecha hayan sido atendidas.

“Entre las solicitudes colectivas represadas están las de la Asociación de desplazados de Zungo, embarcadero de Carepa, Antioquia, por hechos relacionados con desplazamiento, desapariciones y homicidios; la Asociación de víctimas de Antioquia de Apartadó (Asovima), por varias masacres ocurridas en la región, y el Colectivo de Víctimas del corregimiento de Churidó, Apartadó, por el desplazamiento forzado de 200 familias”, precisó la Procuraduría.

Para la Procuraduría, la demora en la decisión frente a estas solicitudes está afectando la garantía al derecho de participación efectiva de las víctimas dentro de las actuaciones procesales que allí se siguen, y a su vez desconoce el principio de estricta temporalidad.

“Con toda la batería política, constitucional y normativa que asegura un lugar central y preponderante a las víctimas en la construcción de la paz, se puede concluir que el rol de ellas es central y definitivo; sin ellas no puede haber justicia, restauración ni reparación, mucho menos alcanzar la tan anhelada paz que espera la sociedad de este modelo de justicia transicional”, aseguró el delegado en su carta.

Finalmente, el procurador delegado aseguró que para dar cumplimiento al principio de estricta temporalidad le corresponde a la JEP adoptar medidas que contrarresten las demoras injustificadas y adoptar decisiones que satisfagan los derechos de las víctimas, en este caso en particular, el de participar de manera efectiva como intervinientes especiales en las distintas etapas procesales del trámite transicional.

Piden adoptar medidas de protección ordenadas por la JEP

La Procuraduría General de la Nación emitió una solicitud dirigida al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que se le pide remitir información sobre el cumplimiento de las órdenes establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el auto del 2 de septiembre del año 2022. El objetivo de esta medida es garantizar la protección del territorio perteneciente al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en Cocolatú, ubicado en Chocó.

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó es una zona de gran importancia para 21 familias campesinas que reclaman la propiedad de las tierras en la vereda Guacamayas, corregimiento de Macondo, en Riosucio (Chocó), de acuerdo con el Ministerio Público.

Además, esta área también abarca las zonas de biodiversidad conocidas como Árbol del Pan y La Madre Unión. Sin embargo, asegura la Procuraduría, persisten vulneraciones de derechos fundamentales en esta región, una situación que ha sido debidamente documentada en el macrocaso 04 sobre la ‘Situación territorial de la región de Urabá’.

Dentro de la solicitud realizada al Ministerio del Interior por el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, se solicita la consolidación del inventario de órdenes, recomendaciones de Alertas Tempranas, medidas contenidas en actos administrativos de protección individual y colectiva, y otros instrumentos de prevención y protección relacionados con las comunidades y el territorio del Cocolatú.

Adicionalmente, se pide que se entregue una copia del plan de trabajo formulado por la Mesa de Articulación, incluyendo las actas de las reuniones y sesiones que se llevaron a cabo para su construcción.

Es importante destacar que la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP ha vinculado al ministro Velasco al trámite de incidente de medida correccional, sin que esto implique que se desvincule del mismo al exministro Alfonso Prada Gil.

La solicitud del Ministerio Público hace parte del “cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de vigilancia y control de gestión que realiza la Procuraduría a las entidades públicas, así como de la intervención judicial que desarrolla la delegada ante la JEP a la implementación del Plan de Trabajo formulado por la Mesa de Articulación liderada por el Ministerio del Interior en cumplimiento de lo ordenado por la medida cautelar”.