Ratifican destitución de la exgobernadora Oneida Pinto por corrupción en contratos para colegios en La Guajira

La Procuraduría ratificó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por las irregularidades que se habrían dado en la adjudicación de un millonario contrato para implementar tecnologías de información y comunicaciones - TIC a colegios públicos del departamento.

En el fallo, el ente de control confirmó que “la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular también confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años proferida en contra de la exsecretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza”.

La sanción se dio después de que la Procuraduría estableció que en el pliego de condiciones para el contrato por más de 20 mil millones de pesos, se establecieron unos requisitos de experiencia y capacidad financiera que no estaban con el objeto y el valor de la licitación a ejecutar; esas exigencias provocaron que más potenciales oferentes participaran en ese proceso.

Para el ente de control esas reglas de juego obedecieron a “orden subjetivo o el capricho de los responsables que elaboran el pliego de condiciones, además, los requisitos fijados no cumplieron el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, como lo exige la ley”.

Para el Ministerio Público la actuación de Pinto frente a esta situación fue “una falta gravísima cometida con culpa gravísima”. Con este fallo de segunda instancia, la sanción contra los investigados quedó en firme, ya que no se encuentran en el ejercicio de un cargo de elección popular.

Todo este escándalo que terminó en un proceso disciplinario contra altos funcionarios de la Gobernación de La Guajira, arrancó cuando se evidenció que Pinto en marzo de 2016 adjudicó un contrato con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia - Funtics en medio de una serie de irregularidades.

En algún momento se supo de Funtics también estaría relacionada con el millonario desfalco en que se convirtió el programa para llevar internet a zonas lejanas del país, y en el que terminaron más de 70 mil millones de pesos embolatados por el consorcio Centros Poblados.

En ese entonces la Procuraduría planteó que “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial, para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso Licitatorio Público, es decir, no existió ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.

Con todos esos cuestionamientos de corrupción, la exgobernadora intentó el año pasado volver a aspirar a un cargo de elección popular al lanzarse como candidata de la Alcaldía de Albania, en La Guajira, donde ha sido alcaldesa en dos oportunidades.

Sin embargo, en una resolución el Consejo Nacional Electoral, le revocó la candidatura argumentando que su inscripción queda inhabilitada al quedar “declarada responsable fiscalmente, a título solidario, con la Alcaldía Municipal de Albania, La Guajira, a través de la actuación administrativa sancionatoria, del 22 de septiembre de 2021, proferida por la Contraloría Delegada Intersectorial Número 5, por la cuantía de $ 2.855.183.673”.