El Tribunal Superior de Bogotá negó este viernes la libertad al exsenador Richard Aguilar, tras rechazar una solicitud que en ese sentido había radicado su apoderado, luego de considerar el motivo por el que renunció a su curul en el Congreso de la República.
De acuerdo con el magistrado Luis Bustos, se debe mantener la medida privativa de la libertad del exsenador porque fue proferida por la autoridad competente y se debe preservar lo que ya se había adelantado en ese Alto Tribunal, ya que tiene plena validez, por lo que, explicó, no se cumplen las motivaciones para salir del sitio de reclusión.
Igualmente, consideró que avalar la petición del defensor de Aguilar llevaría a pensar que el tratamiento jurídico de la Fiscalía General resulta ser mejor que el adelantado por la Corte Suprema, es decir, que favorecería al procesado, porque le permitiría escoger el juez natural, lo que violentaría el derecho que tendrían otros investigados por no contar con un fuero especial como el de congresista.
Según el fallo, los dos escenarios primarios de la Corte Suprema y de la Fiscalía, como son los de indagatoria e imputación y las respectivas medidas de aseguramiento, cumplen la misma figura jurídica como lo es la vinculación al proceso.
Además, consideró que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue respetuosa de los derechos al debido proceso del excongresista.
También argumentó que esta transición de la Corte Suprema a la Fiscalía no vulnera en ninguna medida los derechos de defensa del exsenador y que la decisión no le impide a la defensa pedir el control de legalidad ante un juez control de garantías municipal.
Con esta decisión, el excongresista deberá seguir recluido en la Escuela de Artillería del Ejército en el sur de Bogotá, a donde fue llevado cuando la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 27 de julio.
Como se recuerda, el Alto Tribunal ordenó su detención por incurrir presuntamente en hechos de corrupción relacionados con al menos tres millonarios contratos que suscribió cuando fue gobernador de Santander y por cuya adjudicación habría pedido sobornos a los contratistas.
La celebración indebida de contratos, la falta de requisitos legales, el concierto para delinquir y el peculado son los delitos por los que es investigado.
El foco de la investigación está puesto entre 2014 y 2015, pues en su mandato se presentaron irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor.
Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación. Ellos se acogieron a un principio de oportunidad propuesto por la Fiscalía para acelerar el proceso.
El asunto tiene raíces en el contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, del que el senador habría recibido unos 2.000 millones de pesos. Pero esto sería solo una parte del entramado y la red de corrupción en el interior del gobierno seccional durante el periodo de Aguilar Villa.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar detalles de la celebración de varios contratos de obra en ese departamento, con los nombres de quienes realizaban reuniones previas para acordar los porcentajes que les corresponderían a los involucrados.
Con el ánimo de ganar beneficios, los testigos del caso proporcionarían más información sobre esta red y sus implicados, unas 17 personas, entre ellos, dos aforados: el exgobernador y Edwin Ballesteros, representante a la Cámara de Santander por el Centro Democrático.
Ballesteros, durante la administración de Aguilar Villa, se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), creada en este periodo para proporcionar agua potable a decenas de santandereanos que sufren por la constante escasez de este suministro.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia envió hace poco la investigación que adelantaba contra Richard Aguilar a la Fiscalía, luego de que este presentara su renuncia al Senado de la República. El documento firmado por el magistrado César Reyes advierte sobre “el envío de la actuación al señor fiscal general de la nación, para lo de su competencia, previas a las anotaciones correspondientes”.
Procuraduría investigará irregularidades en el caso Richard Aguilar
Hace apenas una semana, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades relacionadas con la pérdida de documentos que habían sido solicitados por la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la investigación penal que se adelanta contra el excongresista.
El órgano de control informó a través de su sitio web que indagará lo ocurrido con algunas resoluciones y documentos que habrían sido proferidos por el despacho del exgobernador Richard Alfonso Aguilar Villa, y otros por su sucesor.
“La Procuraduría Regional de Santander ordenó la práctica de pruebas para establecer la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar los autores de la misma y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señalaron desde la Procuraduría.
Varias irregularidades durante su periodo como gobernador tienen en jaque a Richard Aguilar, quien presentó hace algunas semanas su renuncia ante el Senado de la República para defenderse de las acusaciones.
Aguilar Villa, de 39 años, además de ser un referente en Santander –donde fue gobernador entre 2012 y 2015, periodo en el que la justicia tiene puestos todos los ojos–, se vislumbraba como una de las principales cartas de Cambio Radical.
Justamente, el excongresista había logrado escalar en el partido hasta convertirse en una de las voces líderes para asuntos de trascendencia, como la reforma tributaria.