En la insólita audiencia del 3 de marzo, en la que la Fiscalía imputó cargos a tres cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que se conectaron a la diligencia desde la selva del Catatumbo, se revelaron detalles desconocidos para el país sobre la manera en que ese grupo armado asesinó a líderes sociales, desplazó familias y reclutó menores de edad en medio de una sangrienta guerra contra el ELN.
SEMANA tuvo acceso a esa diligencia de dos horas y 23 minutos, en la que la Fiscalía detalló uno a uno los crímenes cometidos por el Frente 33, entre los que se cuentan 37 asesinatos, 34 casos de desplazamiento forzado y 31 reclutamientos forzados de niños, quienes fueron armados con fusiles AK-47 y pistolas, y entrenados para matar.
Uno de los datos más llamativos es que esa organización armada, que hoy negocia la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, contrató sicarios en Medellín para que asesinaran por lo menos a dos personas en el Catatumbo.
También, por voz de un procurador especial designado para ese caso, se conoció que la confrontación que continúa en la actualidad y que se tradujo en la masacre de tres hombres en El Talento, Cúcuta, el pasado jueves, comenzó el 4 de enero del año pasado.
“El sábado empezó a entrar la tropa, por el medio de la Policía, del Ejército, en el municipio de Zulia; la tropa del ELN proveniente de Arauca y de Venezuela”, dijo el funcionario, para pedirle a la Fiscalía que ahondara en esa investigación.
Pero, según la Defensoría del Pueblo, el punto de inflexión se dio apenas doce días después, el jueves 16 de enero, cuando fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses, frente a su otro hijo menor de edad.
“El ELN interpretó este hecho como una acción atribuible al Frente 33. En respuesta, a partir del 16 de enero, el ELN lanzó una ofensiva armada coordinada contra posiciones del Frente 33, concentrada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí”, se lee en un informe de esa entidad.
La respuesta del Frente 33 no tardó ni 24 horas. En la mañana del 17 de enero de 2025, un comando armado comenzó con una cacería de supuestos integrantes del ELN que llevó a una hecatombe en el Catatumbo, que continúa hasta hoy.
Ese día, fuertemente armados, irrumpieron en la finca La Cristalina, que era la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, Pedro María Ropero Gélvez, a quien señalaron de ser colaborador del ELN y se lo llevaron a la fuerza.
Más tarde, ese mismo día, los disidentes instalaron un retén ilegal en el sector conocido como Las Tolvas y movilizaron más personal armado para terminar lo que habían planeado.
Pedro María, quien además hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y era el delegado de Asojuntas Campo Seis en el municipio de Tibú, fue trasladado a una zona despoblada cercana a una mina de carbón. Allí fue obligado a arrodillarse ante sus verdugos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones en el cráneo y en el torso, hasta dejarlo sin vida.
Para la Fiscalía, “este homicidio no fue un acto ni aislado ni autónomo de los ejecutores, sino una opción estructural desarrollada dentro de la política de confrontación territorial adoptada por la organización”.
Le siguió el asesinato de José Manuel Chinchilla Navarro, ocurrido el 9 de febrero a las 2:57 de la tarde en el corregimiento de Guamalito; el de Jorge Elí Durán Guerrero, un día después en Tibú; el de Elkin Fabián Sanabria Alvernia el 13 de febrero, en Ocaña; y el de José Luis Lugo Montero, seis días después, también en Tibú.
Sin embargo, es el sexto asesinato de esa confrontación, documentado por la Fiscalía, el que deja ver la relación entre el Frente 33 y grupos de sicarios en Medellín.
El 14 de febrero, a las 6:00 de la mañana, un hombre identificado como José Agustín Sánchez González fue interceptado cuando se movilizaba en su motocicleta por el sector conocido como T-25, en la vereda Refinerías del municipio de Tibú.
Lo señalaron de ser colaborador del ELN y le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Según la Fiscalía, el crimen fue cometido por sicarios provenientes de Medellín, en coordinación con dos hombres conocidos como Relevo y Harold, quienes fueron contratados por Farby Edison Parra Parra, alias ‘Richard’, cabecilla financiero del Frente 33.
Los sicarios que, según la Fiscalía, fueron contratados por Richard volvieron a sembrar el terror el 19 de febrero. Testigos le dijeron a la Fiscalía que, hacia las seis de la tarde, llegaron a un establecimiento comercial, no se cubrieron los rostros, preguntaron por el propietario del negocio y, cuando esta persona salió del lugar, le dispararon en el cráneo, el abdomen y el brazo. Se trataba de Emérita Buenhaber Serrano, una carismática habitante de La Gabarra.
Aunque fue trasladada a un centro médico, allí falleció, mientras los asesinos, identificados como alias el Paisa y alias el Negro, huían en dos motos.
Con el paso de los días, la crueldad se acrecentó. El 28 de febrero, el grupo armado secuestró a Eduardo José Ferrer Pérez, Isaí Lobo Guerrero y Elis Daniel Pérez en zona rural de Tibú. Los grabó en videos que posteriormente circularon entre la población, obligándolos a admitir que eran integrantes del ELN, y luego los asesinó.
Un mes después, el 26 de marzo, se cometió otro de los crímenes más graves atribuidos a la estructura. Ese día, un integrante del Frente 33, entrenado para el manejo de drones, condujo uno de estos aparatos cargado con explosivos y lo dejó caer sobre la casa de Luis Ernesto Mendoza, un campesino de 73 años.
El adulto mayor sufrió heridas graves, fue trasladado a un centro médico en Ocaña, donde le amputaron uno de sus brazos, destrozado por los explosivos, y tres días después falleció.
El hecho conmovió a la población. Según la Fiscalía, los hombres del Frente 33 sabían que en esa zona había población civil que nada tenía que ver con su guerra, y nada los detuvo. Desplazaron familias enteras y reclutaron menores, a quienes les imponían sus nombres, los entrenaban físicamente y los dotaban de fusiles y pistolas para que replicaran los crímenes que cometían. Decenas fueron recuperados por las Fuerzas Armadas y la Policía, y entregados al ICBF y a sus familias para salvaguardar sus vidas y alejarlos del conflicto.
Alias Richard, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, y Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, fueron imputados por esos crímenes. Los tres negaron sus responsabilidades.
Richard tomó la vocería y se excusó en que él también fue víctima del conflicto armado desde los 12 años, en su tierra natal, El Castillo, Meta. Pidió a las autoridades investigar una supuesta tortura de la que habrían sido víctimas él y su padre, quien pasó varios años en prisión.
Luego se desconectaron de la audiencia, pero no de la guerra, que continúa. En los primeros días de confrontación, el Gobierno decretó la conmoción interior para atender a las víctimas.
Desde el 16 de enero hasta el 28 de abril de 2025, fueron asesinadas 117 personas entre ambas facciones, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz y menores de edad. La Defensoría del Pueblo documentó que 64.783 personas fueron desplazadas forzosamente y 16.615 fueron confinadas. Toda una tragedia.