La Fiscalía General de la Nación informó ayer, miércoles 4 de marzo, que tres peligrosos disidentes de las FARC, uno de ellos cabecilla del Bloque Magdalena Medio y los otros dos cabecillas político y financiero del Frente 33, al mando de alias Calarcá, habían sido objeto de imputación de cargos.
La noticia podría ser una diligencia más de las que día a día realiza la Fiscalía contra la delincuencia en Colombia. Sin embargo, esta fue diferente, sin precedentes en el país, según algunos curtidos abogados penalistas consultados por SEMANA.
Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas; Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, se conectaron el martes a internet desde un lugar sin confirmar en las montañas de El Catatumbo, vestidos de guerrilleros, para escuchar las graves acusaciones que la Fiscalía tiene contra ellos.
No son pocas. Según el ente acusador, ellos “ordenaron a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander)”, en el nororiente de Colombia.
En medio de eso, fueron asesinadas 37 personas, reclutaron forzosamente a 31 menores de edad y desplazaron a 87 personas en esa región el año pasado.
La Fiscalía le confirmó a SEMANA que la insólita diligencia se desarrolló ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta.
Ni Jhon Mechas, ni Andrey ni Richard, que contrataron abogados de confianza para que los defiendan, aceptaron cargos y la audiencia terminó sin más. No hubo petición para que fueran enviados a prisión, pero sí una para que, al ser notificados nuevamente, se les comunique a través de la oficina del alto comisionado de Paz.
Los tres continúan en esas montañas porque sus órdenes de captura están suspendidas a través de una resolución, aún vigente, emitida por el Gobierno Petro.
Además de esos tres cabecillas, fue citado a imputación Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, quien, contrario a sus compañeros de filas, no estuvo en la diligencia por falta de conexión, según reveló el fiscal delegado contra el crimen organizado Raúl González Flechas, aunque este increíblemente está en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.
SEMANA consultó con cuatro expertos penalistas para conocer su postura frente a este hecho. Uno de ellos dijo que esto sucede, principalmente, por los cambios introducidos en la Ley 906 para permitir la concurrencia a las diligencias judiciales a través de internet desde la pandemia del covid.
Otro consideró que el juez no debió avalar la diligencia no solo por la vestimenta de los delincuentes, sino también por haberse dado en un lugar abierto, en medio de la montaña, en condiciones que podrían estar lejos de su control.
Para el siguiente, este hecho representa meramente una jugada política de los disidentes, que quieren reafirmar su control del territorio y dar un mensaje al país a través de esas imágenes.
John Bedoya Rivera, abogado penalista de amplia experiencia, consideró por su parte que “los comandantes de estructuras armadas ilegales rara vez se presentan voluntariamente ante la justicia, aunque sea en la virtualidad, para simplemente enfrentar un proceso penal” y que si lo hacen es porque “estratégicamente buscan modificar las condiciones de su confrontación con el Estado y por presiones de otros actores no legales y armados como el ELN o Clan del Golfo”.
También consideró que “el verdadero desafío institucional está en evitar que la justicia termine siendo utilizada como un simple instrumento táctico por los grupos armados”.
Según el fiscal delegado González Flechas, el ente acusador no solo ha avanzado ante estos disidentes.
Además, logró que un juez de control de garantías emitiera órdenes de captura contra seis integrantes del ELN, tres de ellas contra Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, miembros del comando central de esa guerrilla.
Otras tres órdenes de captura fueron emitidas contra los cabecillas del frente de guerra Nororiental Silvana Guerrero, alias Alfred y alias Andino.
González Flechas también dijo que lograron la emisión de otras 14 órdenes de captura contra autores materiales de homicidios en la confrontación del Catatumbo, “seis de ellas ya materializadas con imputaciones por concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y, obviamente, homicidio”.
El funcionario explicó en rueda de prensa en Bogotá que esa confrontación entre las disidencias de Calarcá y el ELN ha dejado 180 personas muertas, entre ellas cinco menores de edad, 17 integrantes de la fuerza pública, 16 líderes sociales, siete firmantes de paz y ocho líderes sociales.
Además, 47 personas sufrieron intentos de homicidio, se registraron más de 3.000 víctimas de desplazamiento forzado, 51 víctimas de reclutamiento forzado y 160 integrantes de esos dos grupos armados se sometieron a la justicia.