La labor de un jurado de votación es algo serio, por lo que no puede tomarse a la ligera, como lo evidencia la situación de una persona que fue inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación, para ocupar cargos públicos tras aplicarle una sanción por una falta cometida.
Los jurados tienen la delicada misión de atender a los sufragantes el día de las elecciones, además de hacer el preconteo de votos y registrar los respectivos resultados en los formularios. Es decir, es una labor clave para el ejercicio de la democracia.
Son escogidos de manera aleatoria entre todos los ciudadanos mayores de edad de una nación, indistintamente de si son funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes o miembros de partidos políticos. No obstante, hay ciertas reglas, por lo que es clave que sean conocidas por toda la ciudadanía, pues nunca se sabe cuándo una persona va a salir designada como jurado.
Más aún si conocer la información puede evitarle una sanción, como la que ahora impone la Procuraduría.
¿Qué hizo el sancionado?
El ciudadano que quedó inhabilitado por cinco años para ejercer empleos públicos o prestar servicios a cargo del Estado, participó como jurado de votación en las elecciones regionales de 2023 sin informar sobre un posible impedimento al estar su hermano inscrito como candidato a la Junta Administradora Local (JAL) de Puerto Caldas, señaló la Procuraduría.
Según la información del Ministerio Público, la sanción fue impuesta por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda.
Allí se expidió un fallo de primera instancia, en el que además se señala que el ciudadano no podrá contratar con el Estado por omitir el conflicto de intereses, pese a conocer objetivamente dicha circunstancia y no dar aviso oportuno a la autoridad competente.
También pagará multa
Además de la sanción de inhabilidad, el ciudadano tendrá que pagar una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondientes a $ 29 millones, ya que, a juicio del Ministerio Público, actuó como vicepresidente de la mesa 7 en el corregimiento y no alertó nunca del grado de consanguinidad que existía entre él y quien aspiraba a la JAL.
Es una culpa gravísima
En el acto realizado por el implicado, la Procuraduría considera que “quebrantó el cumplimiento que debía darle a los principios de moralidad e imparcialidad, independiente de que su servicio público haya sido prestado de manera transitoria, por lo que de manera definitiva calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
El hecho debe ser tenido en cuenta por los 862.000 jurados de votación que fueron designados para realizar esa labor.
La Procuraduría informó que en las actuales elecciones estará vigilante para evitar que se cometan delitos electorales que atenten contra la democracia.