El calendario marcaba el día martes 12 de marzo de 2019 cuando la entonces fiscal 31 Seccional de Pereira y Coordinadora de la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) del Eje Cafetero, María Eugenia Taborda, presentó ante sus superiores jerárquicos un documento con datos que había obtenido de un informante de la banda criminal de La Cordillera, que sembraba el miedo y terror en esa región del país.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) July 13, 2026
La fuente, según la fiscal, temía por su vida, por lo que mantuvo su identidad bajo reserva. Citando una declaración que le había dado ese mismo día aseguró que se le había entregado información minuciosa sobre una supuesta filtración de datos reservados para beneficiar a alias Mofre, uno de los jefes de esa organización que manejaba el tráfico de drogas, homicidios selectivos y extorsiones.
Sin embargo, ese informe significó la caída de la poderosa fiscal. ¿La razón? los datos consignados, con los que solicitó interceptaciones telefónicas resultaron contradictorios y totalmente insólitos.
El documento señalaba que la fuente humana le había dado su declaración a la fiscal a las 7 de la noche de ese martes 12 de marzo. Sin embargo, doce horas antes, la fiscal había presentado ante el jefe de la Sala Zeus (encargada de las interceptaciones) una petición para realizar las “escuchas telefónicas” basándose en la información dada por el testigo. ¿Cómo era esto posible?
La extraña situación, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, era “materialmente imposible” en tiempo, modo y lugar. Para los magistrados, esta “secuencia procedimental no fue un simple error”, sino un intento de la fiscal para darle apariencia de legalidad a las acciones que estaban levantando sospecha.
“Estas inconsistencias, consideradas aisladamente, podrían atribuirse a errores administrativos o descuidos en la elaboración de los documentos. Sin embargo, valoradas de manera conjunta, revelaban la secuencia procedimental que debía proceder a la orden de interceptación no ocurrió en el orden que la ley existe y que los documentos se construyeron para aparentar”, señala el fallo de 131 páginas que condenó a cinco años y diez meses de prisión a la exfiscal por su responsabilidad prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
Lo más grave, según la Corte Suprema de Justicia, es que existieron fines criminales. El plan consistía en interceptar dos abonados telefónicos que, según decía el informe, se los habría proporcionado la fuente sobre personal de la Fiscalía que estaría colaborando con los criminales.
De esta manera, presentó el testimonio ante un juez de control de garantías de Pereira para que avalara la interceptación de los fiscales Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara, de la Seccional de Risaralda, quienes estaban adelantaban una investigación en contra de los jefes de La Cordillera. La fuente nunca existió.
La traición
La fiscal, con el falso testimonio, se presentó ante el juez de control de garantías asegurando que desconocía la identidad de los dueños de las líneas telefónicas. Sin mencionar que trabajaba con ellos.
Recopiló información y se la envió a los jefes de la Cordillera y sus delegados de pequeñas y peligrosas bandas como Los Zombies, Tellus, Némesis y Apocalipsis, esto con finalidad que se adelantaran a los operativos de las autoridades.
Para ese momento, como lo señalaron los fiscales interceptados, se tenían avances considerables en las investigaciones contra La Cordillera que estaban “próximas a generar resultados operativos, incautaciones, embargos y capturas”, pero los tentáculos de la fiscal no se quedaron quietos y logró que el caso pasara a su despacho, donde movió a investigadores que les seguían la pista a los criminales.
Una amistad peligrosa
María Eugenia Taborda, según el expediente, tenía una amistad de más de 15 años con Eliana Patricia Aguirre, la considerada jefe financiera de la estructura de los Zombies y en una declaración reconoció que le aterraba la posibilidad de que su amiga fuera capturada.
En otro testimonio, Taborda reconoció, con voz entrecortada, que tenía sentimientos de “afecto y cariño” por Eliana y su hijo menor de edad.
El 31 de marzo de 2020, por medio del oficio 00128, la fiscal Taborda ordenó el archivo y el cierre de las interceptaciones telefónicas “por inexistencia del hecho”, poniéndose en evidencia.
La fiscal no actuó sola, por eso la Corte Suprema compulsó copias para investigar a funcionarios que permitieron que las líneas se siguieran interceptadas, pese a la superación del término fijado por el juez de control de garantías. Las pruebas técnicas señalaron que las líneas fueron chuzadas por 137 días adicionales las conversaciones telefónicas de los dos fiscales se siguieron registrando.
La defensa de la exfiscal podrá presentar una impugnación especial frente a este fallo judicial.