“Jamundí es una pequeña república independiente donde mandan las disidencias de las Farc”. Esta descripción, contundente y perturbadora, forma parte de un informe entregado por una organización de derechos humanos a organismos internacionales y a autoridades locales al que SEMANA tuvo acceso. Aunque la frase pudiera sonar exagerada para quien nunca ha pisado la zona rural de ese municipio del sur del Valle del Cauca, la realidad documentada durante los últimos cuatro años confirma que no lo es. Y ese, precisamente, será uno de los primeros y más difíciles retos que deberá enfrentar el Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien fue proclamado presidente electo de Colombia el pasado 24 de junio y asumirá el poder el 7 de agosto.
Durante su campaña, De La Espriella construyó buena parte de su discurso alrededor de la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” en los territorios copados por grupos armados ilegales, y anunció que su gobierno no dará continuidad a procesos de negociación con estructuras como el Estado Mayor Central, la organización que lidera Iván Mordisco. Ningún caso ilustra mejor la magnitud de ese desafío que Jamundí, un municipio que queda a menos de 30 minutos de Cali, la tercera ciudad más importante del país, y que, sin embargo, funciona, en su zona rural alta, bajo reglas paralelas impuestas por el frente Jaime Martínez de las disidencias.
Los testimonios recogidos en terreno y documentados en distintas investigaciones periodísticas coinciden en un mismo patrón: en las veredas altas de Jamundí, los hombres de Mordisco no solo controlan el territorio militarmente, también administran la vida civil. Imponen normas de convivencia, resuelven conflictos vecinales, regulan el tránsito de vehículos y personas y, en uno de los episodios más reveladores, llegaron a expedir su propio documento de identidad. Así, buena parte de la población de esa zona termina teniendo dos cédulas: la expedida legalmente por la Registraduría Nacional y otra, paralela, otorgada por la estructura armada, que en la práctica funciona como el verdadero salvoconducto para moverse, trabajar o simplemente sobrevivir en el territorio.
Ese doble registro no es un hecho aislado. Es la manifestación más clara de que el Estado colombiano perdió, hace años, el monopolio de la autoridad en esa franja del país. A eso se suma una economía ilegal robusta: se calcula que entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca existen más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, un verdadero enclave cocalero que conecta a Jamundí con municipios como Buenos Aires, en el Cauca, y que convierte a esa subregión en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico.
Las investigaciones adelantadas en los últimos años han revelado facetas cada vez más sofisticadas del control que ejerce el frente Jaime Martínez sobre Jamundí. Una de ellas dio cuenta de la existencia de un campamento dedicado al entrenamiento en manejo de drones, ubicado entre esa zona y el Naya, donde los combatientes aprenden a operar estos artefactos con fines ofensivos. Esa capacidad tecnológica no se quedó en la teoría: se han documentado ataques con drones cargados de explosivos contra subestaciones eléctricas como las de Potrerito y Robles y contra unidades militares de la Tercera Brigada, además del hallazgo de lanzamisiles capaces de derribar aeronaves en poder de la estructura.
También se ha establecido que la zona funciona como corredor para el traslado de menores reclutados de manera forzada, quienes son hospedados en hoteles de la región antes de ser enviados hacia el Naya, en lo que constituye una de las prácticas más graves y menos visibilizadas del conflicto en esa parte del país. A ello se suma la existencia de lo que se ha descrito como una especie de “zona de distensión” utilizada por las disidencias para mantener retenidas a las personas víctimas de secuestro, en condiciones que buscan garantizar su “conservación” mientras se negocian los pagos por su liberación.
El control territorial también se traduce en peajes ilegales: en la vía que las disidencias construyeron en la zona rural alta de Jamundí, se ha denunciado el cobro de sumas cercanas a los 700.000 pesos por persona para permitir el paso, bajo la amenaza explícita de que quien no pague podría perder la vida.
El secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, ha sido una de las voces más insistentes en advertir sobre la gravedad de la situación. Según explicó a SEMANA, desde comienzos de 2024 la Gobernación impulsó un esfuerzo para lograr la instalación de una base militar permanente en la zona rural alta de Jamundí, un territorio que en el pasado sí contó con presencia del Ministerio de Defensa y con una estación de Policía en el corregimiento de Villa Colombia. El propósito, señaló, no era solo recuperar el control territorial, sino también fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública en una zona que lo había perdido casi por completo.
Londoño relató que en abril de 2024 el país conoció los primeros ataques con drones cargados de explosivos en esa región, un fenómeno que, según dijo, evolucionó como reflejo de las mismas dinámicas observadas en la guerra entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con su relato, a partir de ese momento se han contabilizado cerca de 98 granadas lanzadas desde drones contra infraestructura eléctrica y unidades militares que intentan retomar el territorio, hoy convertido, según sus palabras, en un corredor estratégico del narcotráfico.
El funcionario también destacó que, tras la insistencia de la administración departamental, el año pasado fueron desmanteladas varias estaciones de combustible instaladas de forma irregular en la zona rural. Aunque operaban mediante empresas legalmente constituidas, según explicó, formaban parte de la cadena logística con la que el frente Jaime Martínez sostiene sus ataques con drones y fortalece otras capacidades militares.
Otro elemento que preocupa a las autoridades regionales es la construcción de una carretera en la subregión del Naya por parte de estos grupos, una obra que la propia gobernadora del Valle ha denunciado reiteradamente como prueba del nivel de organización y de recursos que hoy maneja la estructura. Londoño fue enfático en señalar que el Estado Mayor Central ya no depende únicamente del narcotráfico; también se ha diversificado hacia la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el contrabando, lo que le ha dado a la organización múltiples fuentes de financiación y, con ellas, mayor capacidad de daño.
Según el secretario, hoy es común que las disidencias lancen ataques “en enjambre”, utilizando de manera simultánea entre cinco y ocho drones contra las unidades policiales y militares desplegadas en la zona. Pese a la resistencia de los uniformados, que según él ha permitido “correr la cerca” frente a los intentos de expansión del grupo armado, Londoño reconoció que estos cuatro años han representado, en la práctica, un fortalecimiento de estas estructuras. Citó cálculos de centros de estudio especializados y del propio Ministerio de Defensa que hablan de más de 27.000 hombres en armas en todo el país, el doble de las zonas de conflicto activo que existían hace cuatro años.
Con este panorama, la recuperación de Jamundí es una de las pruebas más exigentes para el gobierno de Abelardo De La Espriella. No se trata solo de desplegar más pie de fuerza o de anunciar operativos puntuales, sino de desmontar un entramado de poder paralelo que, según el informe conocido por SEMANA, ha logrado sustituir casi por completo al Estado colombiano en materia de justicia, movilidad, seguridad y control social en una zona ubicada a escasos minutos de la tercera ciudad del país.