Nuevo escándalo sacude a la Alcaldía de Jamundí. Mientras el municipio enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en trámites urbanísticos relacionados con un condominio donde reside la alcaldesa Paola Castillo, ahora surge una nueva denuncia que compromete directamente a la Secretaría de Salud: la contratación de una abogada que actualmente registra una sanción disciplinaria vigente y que, según documentos oficiales, estaría suspendida para ejercer su profesión.
Se trata de Angelly Gissel Castillo Ramos, quien aparece vinculada a la Secretaría de Salud de Jamundí mediante un contrato por prestación de servicios profesionales firmado el pasado 9 de enero de 2026. Según la documentación conocida y la búsqueda que realizó SEMANA en el Secop, la contratista fue vinculada para apoyar jurídicamente esa dependencia.
El contrato quedó registrado con un valor de $28 millones y una duración hasta el 31 de julio de 2026. El objeto contractual establece la “prestación de servicios profesionales como abogada en la Secretaría de Salud, apoyando en el marco del proyecto de fortalecimiento de la salud pública en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca”.
Sin embargo, apenas días después de iniciar labores en la administración municipal, la profesional quedó oficialmente suspendida.
De acuerdo con el “Certificado de sanciones vigentes para abogados” expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en poder de SEMANA, Angelly Gissel Castillo Ramos registra una sanción de suspensión por seis meses dentro del expediente 76001250200020210191001. La decisión tuvo como fecha de sentencia el 3 de diciembre de 2025 y empezó a regir desde el 21 de enero de 2026 hasta el 20 de julio del mismo año.
El documento oficial indica que la sanción fue impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cali y está reportada como vigente en el registro nacional de abogados.
La situación genera fuertes cuestionamientos debido a que la funcionaria continuaría vinculada a la Secretaría de Salud pese a la sanción disciplinaria que le impediría ejercer actividades propias de la profesión de abogado durante seis meses.
La controversia crece porque la suspensión empezó solo 12 días después de iniciar el contrato con la Alcaldía de Jamundí. La profesional fue contratada el 9 de enero y la sanción empezó a aplicarse el 21 de enero.
La certificación emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial advierte expresamente que allí aparecen “las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes”, lo que abre interrogantes sobre la permanencia de la contratista en funciones jurídicas dentro de una entidad pública.
Este nuevo episodio golpea nuevamente a la administración de la alcaldesa Paola Castillo, que ya enfrenta cuestionamientos públicos por una denuncia relacionada con presuntas irregularidades y posibles vicios de procedimiento en un condominio donde reside la mandataria municipal.
Ese caso desató una tormenta política en Jamundí luego de que se conocieran señalamientos sobre actuaciones administrativas presuntamente irregulares en procesos urbanísticos y decisiones adoptadas por funcionarios del municipio.
Ahora, la polémica escala con el caso de la contratación de una profesional suspendida disciplinariamente, lo que podría desencadenar revisiones jurídicas sobre la legalidad de las actuaciones adelantadas dentro de la Secretaría de Salud mientras la sanción se encontraba vigente.
Hasta el momento, la Alcaldía de Jamundí no se ha pronunciado oficialmente frente a esta denuncia ni ha explicado si conocía la sanción disciplinaria que recaía sobre la contratista, pese a que SEMANA hizo el requerimiento a través de un miembro de la oficina de comunicaciones. Tampoco se conoce si existió algún tipo de revisión de antecedentes posterior al inicio de la suspensión.
La documentación disponible muestra que la sanción disciplinaria ya estaba en vigor mientras el contrato seguía activo en la administración municipal.