justicia

Uribe pide trasladar procesos por masacres del Aro y la Granja a la Fiscalía

Después de renunciar al Senado y de pedir que su investigación por falsos testigos pase a la justicia ordinaria, el expresidente ahora hace lo mismo frente a cuatro procesos relacionados con el conflicto armado.


La defensa del expresidente Álvaro Uribe radicará ante la Corte Suprema otra petición que se da como consecuencia a su renuncia al Senado de la República. En días pasados, el exmandatario le pidió a ese alto tribunal trasladar a la Fiscalía el caso por falsos testimonios por el cual se le dictó la medida de aseguramiento de casa por cárcel. Y ahora, el exmandatario tomará ese mismo camino judicial con otros cuatro expedientes. Todos estos están relacionados con el conflicto armado en Colombia. Se trata de las masacres del Aro, la Granja y San Roque y del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. 

Vea la transmisión

Jaime Granados, el abogado del expresidente, argumentará que esos procesos penales deben ser remitidos a la justicia ordinaria pues no se relacionan con sus actividades parlamentarias. En Colombia, la Constitución señala que la Corte Suprema tiene la función de investigar y juzgar a los miembros del Congreso de la República. Así mismo el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal confirma este fuero para hechos relacionados con las funciones legislativas. 

La defensa del expresidente se basa en estas normas para señalar que al haber renunciado al Senado y al no existir ninguna relación de  estos hechos con su actividad como parlamentario, esos expedientes deben pasar de inmediato a la Fiscalía General. 

Los hechos que se investigan en esos procesos tienen que ver con acciones perpetradas por los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia hace casi dos décadas. 

Las masacres de la Granja y del Aro fueron perpetradas en el municipio de Ituango. En la primera cinco personas fueron asesinadas  el 11 de junio de 1996. La segunda fue cometida contra 15 campesinos el 22 de octubre de 1997. En ambos hechos delictivos, la justicia demostró la responsabilidad de grupos de autodefensas. El Tribunal Superior de Medellín compulsó copias contra el expresidente Álvaro Uribe para que se investigara su posible participación por esos hechos. Asimismo, en el año 2018 ambos crímenes fueron declarados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia que actualmente se encuentra adelantando una investigación preliminar sobre lo que sucedió en ese municipio. 

El expresidente respondió a esa compulsa de copias, en ese momento, desde su cuenta de Twitter. “Según el Tribunal Prevaricador yo delinquí como Presidente por haber ordenado el desalojo de los criminales de la Comuna 13 de Medellín (…) Tribunal Prevaricador de Justicia y Paz: nunca me ha oído y compulsa copias condenándome por falacias”, trinó. “Tribunal Prevaricador de Medellín, no me ha investigado pero me condena y en vísperas electorales”, agregó. 

Por su parte, el homicidio de Jesús María Valle, se presentó el 27 de febrero de 1998 cuando dos hombres y una mujer llegaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon dos balazos. Valle era un conocido defensor de derechos humanos que había denunciado las acciones de los paramilitares en Antioquia y especialmente en Ituango. Luego de varios años de proceso finalmente se condenó a los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio como determinadores del asesinato. La sentencia fue apelada y el 24 de noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión y ordenó investigar al ex gobernador Álvaro Uribe. "Miente el Tribunal: para la fecha del asesinato del Dr. Jesús María Valle yo ya estaba en la Universidad de Oxford", dijo el expresidente al conocer en ese momento la compulsa de copias. 

La masacre de San Roque, ocurrida el 13 de junio de 1996, y en la que asesinaron a cuatro personas, también fue declarada como crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema. 

En contexto: