Toda una tormenta se ha generado en Barranquilla y el Atlántico luego de que SEMANA revelara la orden del Gobierno de Gustavo Petro de trasladar a cárceles de la ciudad a Digno Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, en el marco de la polémica paz total.
La llegada de estos criminales se daría con 20 integrantes de cada una de las organizaciones, quienes serían recluidos en cárceles distintas, pero mantendrían el control de los miembros que delinquen en todo el departamento.
Lo que ha llamado poderosamente la atención es que todo esto ocurre en medio de un año electoral; así lo dio a conocer el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, quien es experto en temas de seguridad y violencia.
“Llama la atención que el Gobierno decida establecer esta mesa en la recta final de su mandato y en un año electoral, sumado a que no cuenta con un marco jurídico claro”, dijo el experto.
Al mismo tiempo, el académico indicó que hay un grave riesgo de que esto tenga un fuerte componente político y no el que verdaderamente debería tener, que es la seguridad ciudadana.
“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”, agregó.
Otro de los puntos que analizó el experto fue la exclusión de la Alcaldía de Barranquilla de estos diálogos de paz urbana que son dirigidos por el Gobierno nacional, por medio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“Indicaría el inicio formal de la mesa de diálogo sociojurídico en esta ciudad, y esta mesa no tiene un marco jurídico o piso normativo que la respalde. Por otro lado, también llama la atención que de estos escenarios de pre-negociación y, eventualmente, negociación haya sido marginada la administración distrital, que es quien ha llevado adelante todo el esfuerzo por garantizar la seguridad de los habitantes de este territorio”, sostuvo.
Incluso, la Alcaldía de Barranquilla, por medio de un comunicado de prensa, señaló que es necesario que los hagan partícipes de estos diálogos porque se ve afectada la seguridad ciudadana.
“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio, hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, expresaron.
