Durante 2025, 1.510 buses del sistema de transporte de Bogotá fueron vandalizados en medio de manifestaciones y 101 personas resultaron lesionadas

Bogotá cerró 2025 con un balance crítico en materia de orden público durante las movilizaciones sociales y eventos masivos. Entre enero y octubre, 101 personas resultaron lesionadas en medio de protestas que derivaron en disturbios, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre el impacto del vandalismo en la seguridad ciudadana.

De acuerdo con los datos presentados ante el Concejo de Bogotá, por el cabildante Julián Uscátegui, siete de cada diez heridos no participaban en las manifestaciones, sino que eran ciudadanos, contratistas o miembros de la Fuerza Pública que transitaban por las zonas afectadas.

Las cifras del concejal dan cuenta de un fenómeno persistente. Solo en 2025 se registraron 1.559 movilizaciones en la ciudad, de las cuales 72 terminaron en actos vandálicos que obligaron a la intervención de las autoridades.

Según estos mismos datos, en el acumulado entre 2021 y 2025, las localidades más golpeadas por este tipo de hechos fueron Teusaquillo, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Suba, zonas de alta circulación y concentración de actividades institucionales, académicas y culturales.

Ahora bien, desde la óptica del concejal, el deterioro del transporte público refleja con claridad la magnitud del problema. En lo corrido del año, 1.510 buses y 10 estaciones del Sistema Integrado de Transporte fueron vandalizados.

En el balance de los últimos tres años, la cifra asciende a 3.920 buses atacados, es decir, uno de cada tres vehículos del sistema. Las reparaciones han implicado una inversión superior a 102 millones de pesos, recursos públicos que, según se advierte, terminan destinándose a corregir daños evitables

Ante este panorama, Uscátegui radicó un Proyecto de Acuerdo que propone medidas más estrictas contra quienes protagonizan actos vandálicos.

La iniciativa plantea, entre otras acciones, restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo.

También, dentro del proyecto se busca fortalecer el uso de cámaras corporales en los equipos de diálogo; mejorar la interoperabilidad del sistema C4; y crear un Registro Público de Actos Vandálicos que concentre información sobre daños y responsables.

El proyecto también contempla incentivos ciudadanos para facilitar la identificación de los responsables y una mayor articulación entre la Secretaría Jurídica Distrital y la Fiscalía General para garantizar la judicialización y reparación de los daños.