El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció una nueva situación de intimidación contra habitantes del departamento que, según aseguró, estaría siendo ejecutada por actores armados ilegales en zonas rurales.
El mandatario afirmó que dos personas fueron secuestradas luego de que, durante una reunión de las disidencias de alias Calarcá, a la que fueron convocados comerciantes, les revisaran sus teléfonos celulares y encontraran contenidos relacionados con el dirigente político Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el gobernador, los hechos ocurrieron en las cercanías de Villalobos, una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán. Según su versión, la reunión se produjo este fin de semana y fue convocada por un hombre conocido con el alias de Juan Carlos, a quien señaló como responsable de las intimidaciones.
Ruiz aseguró que este no sería un hecho aislado. Advirtió que desde hace varios meses se vienen celebrando reuniones con diferentes sectores económicos y sociales del departamento, entre ellos ganaderos, comerciantes y otros habitantes de la región.
“Eso es algo que ya se ha venido presentando de manera reiterativa. El tema del voto fusil y de la intimidación ha sido una realidad en el departamento. Este fin de semana, específicamente ayer, alias Juan Carlos citó a comerciantes, alrededor de 25 o 30 personas. Ya habían existido reuniones masivas con diferentes actores, con ganaderos y comerciantes, y la de ayer fue con otro grupo de personas de la región”, afirmó el gobernador.
Según la denuncia, durante estos encuentros los asistentes serían sometidos a presiones económicas y posteriormente a la revisión de sus teléfonos celulares. El mandatario explicó que, durante la reunión más reciente, dos personas fueron retenidas después de que presuntamente encontraran en sus dispositivos contenidos relacionados con el presidente De La Espriella.
“Los citaron, los extorsionaron y después les revisaron los celulares a las personas que asistieron. Allí encontraron que dos de estas personas tenían información relacionada con Abelardo De La Espriella. Uno tenía un sticker y al otro le encontraron publicidad dentro del celular. Inmediatamente los retuvieron y hoy todavía no se sabe nada de esas dos personas”, denunció Ruiz.
El gobernador aseguró que la revisión de teléfonos se habría convertido en una práctica recurrente durante estas reuniones y que los habitantes de varias zonas rurales estarían siendo vigilados por sus contactos y por las publicaciones que realizan en redes sociales.
“En todas las reuniones les están revisando el teléfono a la gente y no pueden tener contacto conmigo o, en su defecto, haber publicado en sus redes sociales publicidad de Abelardo De La Espriella. Eso es lo que ha venido pasando. Retuvieron a dos personas y, hasta el momento, no se conoce cuál es su paradero”, sostuvo.
Ruiz relacionó estos hechos con lo que denominó una estrategia de presión armada sobre la población y recordó episodios electorales anteriores en el departamento. Según el mandatario, las intimidaciones habrían tenido incidencia en el comportamiento electoral de algunas zonas del Caquetá.
“Después de que el departamento en la primera vuelta tuvo un resultado favorable para un candidato, en la segunda vuelta ese resultado cambió por una diferencia de aproximadamente 400 votos. Para nosotros, eso fue producto del voto fusil y de la intimidación que hubo en diferentes zonas del departamento por parte de actores armados”, manifestó.
El gobernador también explicó por qué, según él, muchas de las víctimas no denuncian formalmente las presiones y amenazas ante las autoridades. Ruiz aseguró que el temor a represalias ha llevado a que algunos habitantes prefieran someterse a las exigencias económicas o a otras sanciones impuestas por los grupos ilegales antes que acudir a la institucionalidad.
“No se puede condicionar a la gente a denunciar, porque la gente tiene miedo. Muchos prefieren pagar las multas que les cobran o someterse a los trabajos forzados a los que los obligan antes que denunciar. Estamos hablando de cobros que, según la información que hemos recibido, pueden estar entre los $ 100 y los $ 200 millones de pesos”, señaló.
Ruiz identificó como presunto responsable de las reuniones e intimidaciones a alias Juan Carlos, aunque será responsabilidad de las autoridades determinar la estructura armada a la que pertenecería y establecer las circunstancias de la retención de las dos personas.
El mandatario anunció que buscará poner la situación en conocimiento directo del Ministerio de Defensa. Según explicó, ya logró establecer contacto con el ministro y tenía prevista una reunión para entregar información sobre los hechos denunciados y solicitar acciones de las autoridades.
La principal preocupación de la Gobernación del Caquetá está centrada ahora en conocer el paradero de las dos personas que habrían sido retenidas y en evitar que continúen las presuntas intimidaciones contra comerciantes y habitantes de la zona rural.
“Ya tengo una reunión con el ministro de Defensa. Le comenté la situación y vamos a poner en su conocimiento todo lo que sabemos. Lo urgente es establecer qué ocurrió con estas dos personas y garantizar la seguridad de la población”, concluyó el gobernador Luis Francisco Ruiz.
Hasta el momento, las autoridades deberán verificar oficialmente las denuncias sobre las presuntas reuniones, la revisión de celulares, las extorsiones y la retención de las dos personas en zona rural de San Vicente del Caguán.