La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena como presuntos responsables de tres secuestros de integrantes de la fuerza pública ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en los municipios de Argelia y El Tambo.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían participado en la retención ilegal de policías y militares que adelantaban operaciones en zona rural del departamento del Cauca. La investigación señala que los hechos se registraron en tres episodios distintos que afectaron a un total de 157 uniformados.
Según la Fiscalía, los dos hombres “habrían coordinado a civiles para que retuvieran ilegalmente a los uniformados y realizado negociaciones orientadas a su liberación”. Las pesquisas indican que presuntamente se articularon con la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, con el propósito de movilizar y persuadir a habitantes de la región para impedir el avance de las tropas.
El primer caso se presentó entre el 6 y el 8 de marzo de 2025 en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo ocurrió en junio del mismo año, cuando 57 militares fueron obligados a desplazarse desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en zona rural de El Tambo. El tercer hecho se registró entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025 en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares quedaron en cautiverio.
La Fiscalía sostuvo que Galvis Plaza y Giraldo Mena habrían cumplido “roles de dirección, coordinación y negociación”, además de impartir instrucciones para mantener a los funcionarios retenidos. Posteriormente, según la investigación, habrían sostenido diálogos con entidades estatales buscando concesiones para el grupo armado ilegal Carlos Patiño a cambio de la liberación de los uniformados.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado. Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos.
El juez de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía precisó que la información se divulga por razones de interés general.