En la tarde de este jueves, 4 de junio, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Castañeda Marulanda, conocido con los alias de Loquillo o Conito. El ciudadano es investigado por su presunta vinculación en el ataque con arma de fuego que causó la muerte de la concejala de Obando, Mileidy Yurani Villada González.
El ataque contra la funcionaria municipal se registró el pasado 7 de mayo en el interior de un establecimiento comercial de dicha localidad del norte del Valle del Cauca. Los reportes iniciales indican que el procesado llegó al lugar en una motocicleta, identificó a la víctima y disparó en repetidas ocasiones antes de escapar en el mismo automotor.
Vinculación con redes delincuenciales en el Valle
Las pesquisas adelantadas por las autoridades de policía judicial asocian al investigado con una organización delictiva de cobertura regional. La evidencia recolectada por el ente acusador indica que el detenido pertenece al grupo delincuencial conocido como ‘Los Flacos’, una estructura dedicada al comercio de sustancias ilícitas, extorsiones y hurtos.
Como Alejandro Castañeda Marulanda fue identificado el presunto responsable del ataque sicarial que le causó la muerte a la concejal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Yurani Villada González, el pasado 7 de mayo. Este hombre, que haría parte del grupo delincuencial ‘Los… pic.twitter.com/JN2er3wbz1
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 4, 2026
El organismo de investigación determinó que el capturado ejercía funciones de sicariato dentro de dicha banda desde el año 2025. Asimismo, los análisis del entorno revelaron que la concejala Villada González había manifestado la existencia de intimidaciones previas en su contra por parte de los miembros de esa misma agrupación debido al desarrollo de sus labores comunitarias.
Imputación de cargos y detención preventiva
Para identificar al presunto autor material del homicidio, los investigadores recurrieron a herramientas técnicas y operativas de verificación. La Fiscalía General de la Nación confirmó que, mediante la aplicación de reconocimientos fotográficos y recolección de testimonios en la zona, se logró establecer la identidad del imputado como el ejecutor de los disparos.
Una fiscal adscrita a la Unidad Especial de Investigación detalló los delitos imputados al procesado durante las audiencias concentradas. Los cargos presentados ante el juzgado corresponden a homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.
Al cierre de las diligencias presenciales, el implicado no aceptó la responsabilidad en los hechos expuestos por la delegada fiscal. Por orden directa del juez de control de garantías, se dispuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la etapa de juicio.