El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución Conjunta 1350 de 2026. La acción judicial solicita la suspensión provisional de esta norma, que establece la “Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035” para colegios públicos y privados.
Barrios argumentó que la medida expedida por el Ejecutivo excede los límites legales de los ministerios firmantes. Según el concejal, cuatro ministerios asumieron funciones que no les corresponden al diseñar un plan de diez años e imponer directrices obligatorias en las aulas, lo cual vulnera las facultades del presidente y del Congreso de la República.
Señalamientos por la iniciativa del gobierno
La demanda expone reparos frente a las temáticas que la resolución ordena implementar en los planteles educativos del país. Según comentó en el documento oficial del concejal, la nueva normativa del Estado aborda temas sobre identidad sexual, deseo y placer desde la infancia temprana; esto podría fomentar controversias relacionadas con la idoneidad de estos contenidos según la edad de los menores.
Radiqué ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad contra la Resolución 1350 de 2026 del gobierno de @petrogustavo, por imponer ILEGALMENTE la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los colegios del país hasta el 2035.
— Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) July 16, 2026
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Asimismo, la iniciativa judicial advierte sobre una presunta vulneración a la libertad de cátedra y de pensamiento. Barrios considera que la medida gubernamental califica de obstáculo las convicciones de las familias, afectando el principio constitucional de pluralismo y limitando la autonomía de las instituciones para definir sus propios proyectos educativos. Los cinco argumentos jurídicos presentados ante el Consejo de Estado
La denuncia presentada por Barrios se divide en cinco cargos específicos que cuestionan la legalidad del proceso. El primero señala la falta de competencia de las carteras ministeriales, mientras que el segundo advierte que la norma se fundamenta en un Plan de Desarrollo que pierde vigencia este año, pese a proyectar sus efectos hasta el año 2035.
El concejal de Bogotá Andrés Barrios demandó ante el Consejo de Estado la Resolución Conjunta 1350 de 2026 del Gobierno Petro que impone la política de sexualidad en los colegios. Según la acción judicial, esta resolución vulnera la autonomía escolar y el derecho constitucional… pic.twitter.com/M053qPvc6o
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026
En uno de los últimos temas abordados en el texto, se resalta que la resolución vulnera la autonomía escolar al no incluir en la discusión a docentes y padres. El cuarto cargo destaca que la Constitución y la jurisprudencia definen que la educación sexual corresponde prioritariamente a las familias, sumado a que el documento final publicado no coincidió con el borrador que se socializó con la ciudadanía.
Finalmente, el quinto cargo califica la medida como una decisión apresurada antes del relevo en el Poder Ejecutivo. El concejal Andrés Barrios aseguró que la resolución fue expedida a menos de un mes de que termine el actual mandato presidencial, delegando una implementación de seis meses y una vigencia de una década al gobierno entrante.
Al respecto, el concejal Andrés Barrios enfatizó su rechazo a que las pautas de formación de los menores de edad dependan de decretos de última hora. El político concluyó afirmando que acudió a la justicia administrativa para resguardar la autonomía escolar y evitar que se impongan agendas formativas sin la debida concertación con los padres de familia.