A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en medio de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional, el concejal de Bogotá Andrés Barrios lanzó una dura advertencia sobre lo que calificó como una “feria de contratos” en entidades clave del Estado, con miles de nuevos cargos creados o ampliaciones de planta en pleno año electoral.
Comunicado l Gobierno Petro convierte el Estado en una bolsa de empleo para aceitar la maquinaria electoral: Concejal Andrés Barrios@ABarriosBernal
— Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) January 27, 2026
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Según el cabildante, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no responden a criterios técnicos ni a necesidades urgentes de la administración pública, sino a una estrategia política para fortalecer estructuras territoriales de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. “El empleo público se está usando para construir operadores y lealtades”, aseguró.
“Un Estado no crea más de mil cargos temporales semanas antes de la Ley de Garantías por casualidad. Los crea cuando necesita operadores, lealtades y estructura territorial. Dicho sin rodeos: para aceitar la maquinaria”, afirmó el concejal Barrios.
Uno de los casos señalados corresponde al Ministerio del Trabajo que, mediante el Decreto 0052 de 2026, creó 1.141 cargos temporales con vigencia hasta diciembre de este año.
Aunque el Gobierno argumenta una mayor carga laboral por la reforma laboral, Barrios cuestionó el momento y el alcance de la medida, al advertir que se adopta semanas antes de que empiece a regir la Ley de Garantías.
En el Ministerio de la Igualdad, la denuncia apunta a la destinación de más de $ 70.500 millones para vincular a más de 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, además de la tercerización de contratos logísticos por cerca de $ 69.000 millones.
El concejal alertó, especialmente, sobre el programa Jóvenes en Paz, donde, pese a millonarios recursos ejecutados, se registró una alta deserción y persisten dudas sobre los mecanismos de control.
Barrios también cuestionó al Ministerio de Salud, que avanza en la posible creación de 535 cargos de carrera administrativa, con un costo anual superior a $ 74.000 millones, en medio de la crisis del sistema y la escasez de medicamentos. A esto se suma la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección, que ya genera preocupación entre organizaciones sindicales.