SEMANA conoció que el abogado Manuel Villanueva, representante de la familia de Kevin Acosta, denunció al funcionario del Gobierno Petro que remitió un derecho de petición al Instituto Nacional de Medicina Legal para acceder a los resultados de la necropsia del menor de edad, cuyo fallecimiento puso en evidencia la crisis del sistema de salud de Colombia.
La petición de Villanueva a la Fiscalía General de la Nación es que Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico encargado del Ministerio de Salud, responda por aparente prevaricato por acción. Al parecer, él se habría extralimitado en sus funciones al solicitar la copia del examen de necropsia del niño.
En un apartado de la acción judicial, el defensor de la familia de Acosta reseñó que, dentro de las funciones señaladas a la cartera de Salud, no aparecen atribuciones relacionadas con investigaciones judiciales ni solicitud de elementos materiales probatorios a entidades judiciales.
Como Medicina Legal se negó a suministrar la información requerida por el Ministerio, se procedió con una tutela y el juzgado sexto penal del circuito especializado de Bogotá declaró improcedente la medida, pues reiteró el estatus de privacidad de la que gozan las historias clínicas en Colombia.
“Bajo ese entendido, el acceso a la historia clínica y a documentos médico-legales relacionados con ella no opera de manera automática por la sola formulación de un derecho de petición, sino que exige valorar la naturaleza reservada de la información, la calidad de quien la solicita y la competencia legal de la autoridad requerida para suministrarla”, se lee en el fallo.
Este hecho tomó trascendencia esta semana cuando el presidente Gustavo Petro aseguró que Medicina Legal le estaba ocultando el informe en el que se detallaban las causas del fallecimiento del menor de edad.
“Resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la fiscal General dijo que no nos lo entregaran. Y me pueden demandar, pero esto es manejo político de la muerte. Porque no hay en este momento la prueba de decir que fue por culpa de la Nueva EPS, que había contratado unas firmas privadas, una de una superintendente de Salud del uribismo, que no encontró al niño, no le entregó la medicina, la última. Pero es muy probable que no murió por eso. Pero la prueba está Medicina Legal, pero ocultan el informe, no lo entregan al público, no lo entregan al Gobierno que es víctima de esto, y ni a la familia que no sabe de qué murió realmente”, dijo el mandatario.