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Demandas contra el Estado colombiano no se detuvieron ni en pandemia y pretenden obtener $ 426 billones

Informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Ahora también se ganan más procesos. Este es el panorama de los más demandados.


Durante el 2020, las demandas contra el Estado colombiano, si bien tuvieron una disminución en número de procesos: 333.021 frente a 405.659 en el año anterior, las pretensiones totales en plata se mantienen casi estables, en 425,8 billones de pesos, en comparación con 427 billones en 2019.

Allí está incluido todo lo que está vigente: 333.021 procesos judiciales que involucran 400,5 billones de pesos; 71 arbitrajes nacionales por 3,5 billones de pesos; 16 procesos de controversias internacionales, por 21,8 billones de pesos, y 1.125 peticiones del sistema interamericano de derechos humanos.

En este último tema (derechos humanos), se ha registrado un incremento visible. Según las estadísticas de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, presentadas este miércoles, se pasó de 996 casos y peticiones abiertas en 2019, a 1125 en el 2020, y mientras que en el año anterior a la pandemia había 667 casos notificados al Estado, el 2020 registra 746.

En las cifras se evidencia que Colombia ha tenido una evolución en materia de ganar litigios que, por lo general, comprometen billonarias sumas y ponen en jaque las finanzas públicas. En el 2015, lo común era que el Estado perdiera gran parte de los procesos en los cuales era demandado. Para ese año, la tasa de éxito solo era del 24,5 % (incluido Colpensiones que es una entidad altamente demandada), a 51,4 % en 2020.

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Claramente la pandemia hizo mella en los estrados judiciales que se encontraban, como todas las demás instancias, en periodos de cuarentena y confinamientos. Durante los últimos cinco años, los procesos judiciales admitidos siempre superaban los 100.000, en el 2020 bajaron a 34.381.

Sectores más demandados

De todas las demandas que enfrenta el Estado colombiano, el sector Trabajo (4,9 %) lleva la delantera, como el más demandado. La razón se debe a que en esta rama está Colpensiones, que maneja uno de los temas más sensibles: las pensiones públicas, y, por tanto, está más expuesto a demandas.

Al sector trabajo, dentro del escalafón de los más demandados, le sigue Defensa, con un 15 % de los procesos judiciales; al igual que Educación (14,8 %); Hacienda, con 13,2 %, por incluir el tema tributario que maneja la Dian.

Por el lado de las causas de las demandas contra el Estado, en el 2020 el mayor número de procesos se debe a la privación injusta de la libertad (13,4 %), situación en la que se evidencian las fallas de la justicia. Le siguen los reclamos en la prestación del servicio de salud, con un 3,7 % de los procesos y la ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias (3,3 %).

Los grandes litigios internacionales

Un capítulo aparte merece el tema de las controversias que el país enfrenta en tribunales internacionales y que están en etapa arbitral, puesto que se trata de elevadas sumas en dólares, como la de América Móvil, que ya está pendiente del laudo y tiene de por medio una cuantía de 1.208 millones de dólares como pretensión. El proceso se inició en el 2016 y se interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, por violaciones al Tratado de Libre Comercio con México.

Otra suma generosa es la que pretende la demanda de Gas Natural Fenosa, por un monto de 1.547 millones de dólares. La indemnización que pide esta empresa, de parte del Estado colombiano, es por presunta violación del TLC con España El pleito se centró en la aplicación del tratado de libre comercio entre Colombia y España, por haber intervenido la sociedad que administraba Electricaribe. En este caso, se destaca que este país presentó una contrademanda, por 600 millones de dólares, alegando perjuicios al país debido al mal servicio de energía que prestó la compañía al administrar Electricaribe.

La demanda de Eco Oro, también referida a violación del TLC con Canadá, en relación con la explotación minera en el páramo de Santurbán; la de Telefónica y Glencore también están en el paquete de 16 litigios internacionales.

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