Un abogado de una prestigiosa universidad de Medellín, que se hizo medianamente poderoso en los despachos judiciales de Bello, y terminó condenado por un escándalo de corrupción cuando buscaba ser candidato de la Alcaldía de ese municipio —de la mano de sectores cercanos al petrismo—, se fugó.
“¡Qué tan casual, se les voló Juan Sebastián Montoya Cardona! El exinspector de Bello, que estaba recluido en una cárcel pagando una condena de 10 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, empleo ilegal de la Fuerza Pública, amenazas, fraude procesal y otros delitos y, además, investigado por desfalcos a la UIAF —donde había sido puesto por su amiguito el presidente Gustavo Francisco—, se voló mientras asistía a una cita médica”, denunció en redes sociales la concejal de Medellín y exfiscal Claudia Carrasquilla.
A la gravedad de su fuga, la concejala le añadió otro ingrediente más: “Este señor estaba siendo custodiado por policías que reportaron la fuga 7 horas después”.
“¡Qué tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio”, agregó.
Esto último, en relación con el cargo que Montoya ocupó en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF) del Gobierno de Gustavo Petro.
A Bogotá, el polémico abogado llegó para ser subdirector, un cargo de alto perfil que ha estado en la mira de las autoridades y la opinión pública por su papel en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El 13 de mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria para establecer si hubo tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos entre el jefe del prófugo abogado, Luis Eduardo Llinás Chica, quien solo hasta octubre de 2025 renunció a la UAIF.
Antes de salir de la UAIF para competirles a los candidatos tradicionales de Bello, Montoya fue condenado por el escándalo que sacudió al juzgado primero civil del circuito de oralidad de Bello.
La justicia encontró que el juez Jairo de Jesús Giraldo Naranjo se reunió con otras personas para tramitar “de manera ilegal acciones de tutela, procesos de pertenencia y procesos verbales. Exigían a los interesados el pago de sumas de dinero que se distribuían entre los concertados, asegurándoles resultados positivos en esos procesos”.
Uno de ellos era Montoya, a quien en Bello recuerdan por su rol en la inspección de Policía.
En ese rol, dijo a La Nueva Prensa, “denunció el flagelo de las rentas ilegales por la venta de lotes del Estado. Hago denuncias contra varias bandas, ocho o nueve que hay en el municipio de Bello; he recibido muchas amenazas. Hemos hecho demoliciones en La Camila, en París, en el sector de la obra 2000, en La Gabriela, Trapiche, en toda la parte de la autopista Medellín-Bogotá, donde estas estructuras criminales han cogido estos lotes ilegales y los han vendido o han hecho grandes desarrollos urbanos”.
Según él, esto le costó amenazas de grupos delincuenciales, por lo que solicitó acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero antes de que esta llegara, fue encarcelado.
